Prórroga: Presidente del TSJ dice que la Asamblea está obligada a cumplir la autoprórroga de magistrados
El magistrado que tramitó la medida cautelar para frenar el tratamiento de las elecciones judiciales, mientras no se acate la prórroga, asegura que la ALP no puede emitir una norma por encima del Tribunal Constitucional
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Continúa la pugna entre los Órganos del Estado. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Ernesto Jaimes, aseguró este jueves que la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede anular una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y está obligada a cumplirla, por lo que debe respetar lo señalado en la declaración constitucional que determina la prórroga de mandato de los magistrados.
Jaimes, que es el magistrado que presentó la solicitud de una medida cautelar para que la Asamblea acate la declaración 049/2023 como condición para que se trate la ley de las elecciones judiciales, señaló que la ALP no tiene otro camino que acatar lo que dice el TCP.
“La Asamblea Legislativa debe proseguir con el debate correspondiente de los proyectos de ley relacionados con las elecciones, pero respetando aquello que se ha resuelto por el Tribunal Constitucional en la Declaración 049, que es de cumplimiento vinculante y obligatorio para todos los órganos del poder público y para todos los ciudadanos”, señaló Jaimes.
La prórroga de mandato ha trabado las negociaciones a nivel político en la Asamblea Legislativa, el evismo y la oposición exigen que los magistrados salgan del cargo y se busquen alternativas para designar otros funcionarios mientras no salgan autoridades electas. El arcismo pide respetar la declaración constitucional, es decir reconoce la prórroga como legal.
Jaimes insistió en que “no existe instancia alguna que pueda modificar o anular lo resuelto por un Tribunal Constitucional, eso es parte de la institucionalidad del Estado boliviano”.
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La pugna de Poderes ha complicado aún más el panorama del conflicto en las carreteras, donde ya se cumplen 11 días de bloqueo del ala evista que pide la salida del cargo de los magistrados autoprorrogados.