TCP condiciona el tratamiento de la ley de elecciones judiciales al cumplimiento de la prórroga de magistrados
La diputada María René Álvarez denunció que los “autoprorrogados pretenden legitimar su ilegal ejercicio con amenazas que ningún legislador debe aceptar”
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ordenaron la aplicación de una medida cautelar que frena el tratamiento de elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa “hasta que no se cumpla con lo dispuesto en la Declaración Constitucional 049/2023”, que establece la prórroga de sus mandatos hasta que se tenga a nuevas autoridades.
El auto constitucional, firmado este miércoles por la comisión de Admisión del TCP, señala que si se trata el proyecto de ley de los comicios, se estaría incumpliendo lo ordenado por el Tribunal en sentencias anteriores y la declaración de diciembre pasado.
El recurso de queja fue presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, según señala el documento que llegó hasta la mesa de Redacción de UNITEL.
La comisión establece que da “ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144”.
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La diputada María René Álvarez (Creemos) denunció que con esta nueva acción los “autoprorrogados pretenden legitimar su ilegal ejercicio con amenazas que ningún legislador debe aceptar”. “Si la comisión acepta esta aberración jurídica será cómplice de la vulneración a la CPE”, subrayó.
Actualmente, representantes de las tres bancadas presentes en la Asamblea Legislativa se hallan en busca de consensos en relación a la referida ley en marcha, en específico a dos puntos que están pendientes y que fueron debatidos en la Comisión Bicameral Multipartidaria.
El senador Henry Montero (Creemos) informó a UNITEL que la prórroga de mandato de los magistrados del Órgano Judicial y la forma de votación de los preseleccionados a altas autoridades judiciales, son dos los puntos en los que no pueden encontrar consenso.