Camacho cumple un mes de detención y las críticas contra la justicia y el Gobierno no cesan

Hace un mes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, está detenido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro en el marco del caso “golpe I”.

Las críticas contra el Gobierno y la administración de la justicia no cesan y, en todo caso, se acrecientan. Este caso está vinculado a la crisis de 2019 que derivó de la renuncia del entonces presidente Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral.

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Camacho enfrenta este proceso mientras suman las denuncias por vulneraciones a sus derechos fundamentales, que ya fueron expuestas ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La alianza Creemos, el frente político del gobernador cruceño, envió una carta a la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, para exponer las observaciones al debido proceso y las acciones gubernamentales contra la autoridad departamental, entre ellas la denuncia del supuesto hallazgo de una cámara espía en el interior de la celda en la que se encuentra recluido.

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El Gobierno ha rechazó la denuncia tras calificarla de falsa, no obstante, Régimen Penitenciario anunció una investigación y convocó a instituciones como el Defensor del Pueblo a efectuar una revisión en el centro de reclusión.

Durante el mes de detención se registraron movilizaciones, represión policial, un Cabildo Nacional, toma de instituciones, denuncias de intentos de “golpe” a la Gobernación y una lista de observaciones sobre el actuar de la justicia y el Gobierno sobre la situación de la máxima autoridad cruceña.

En tanto, salió a la luz la necesidad que tiene Camacho para recibir un tratamiento médico especializado. Cuatro cartas enviadas a la ciudadanía, la puesta en consideración de su mandato y una serie de hechos que exhiben la vulneración de sus derechos están en mesa, de acuerdo con los reportes de su defensa jurídica.

En el Cabildo Nacional por la Libertad y La Democracia los sectores cívicos y ciudadanos advirtieron con impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce si no se libera a los “presos politicos”.

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El ministro de Justicia, Iván Lima, calificó como “oficiosas” y “no oficiales” las listas de los “perseguidos políticos” que enarbola el movimiento cívico nacional.

La autoridad aseguró que dentro de esa nómina están incluidas 66 personas procesadas por la crisis de 2019 y que a la fecha tienen detención preventiva.

“Ha sido bueno que venga este equipo (de la CIDH) porque se ha dado cuenta que hay gente que quiere impunidad, que no quiere justicia y que está buscando una amnistía”, señaló Lima.

Frente a ese panorama, la defensa legal de Camacho traza la estrategia para volver a buscar su libertad, que incluyen acciones legales de carácter constitucional e internacional.

No obstante, la justicia ya rechazó la apelación a la detención y acciones de libertad con las cuales pretendían trasladar al gobernador hasta un centro médico.