Tras agresión a asambleísta del MAS, el Gobierno anuncia comisión para investigar “violencia política”

El ‘Mecanismo de prevención y atención inmediata de defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso o violencia política’ concluyó la sesión instalada este miércoles con la premisa de no dejar en la impunidad la agresión que sufrió la asambleísta cruceña del MAS, Muriel Cruz, el pasado 9 de junio en las afueras de la Gobernación y para ello se perfilan 13 medidas, según expuso el ministro de Justicia, Iván Lima.

Las determinaciones también profundizan la necesidad de otorgar justicia a las víctimas de otros casos de índole similar, aunque el orden del día se enfocó más en la presentación de un informe con los antecedentes del caso de Muriel Cruz y se convocó a diferentes instituciones estatales para que asuman compromisos en torno a estas situaciones.

Además de las autoridades de los ministerios de Justicia y de la Presidencia, en el encuentro participaron autoridades y representantes de los viceministerios de Igualdad de Oportunidades y de Régimen Interior, además de la Policía Boliviana, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), así como dos asambleístas de la bancada de Muriel Cruz.

Las medidas expuestas por el ministro de Justicia son las siguientes:

1) Identificar y aprehender a mujeres que agredieron a Muriel Cruz y que aparecen en los videos de la agresión, así como dar con los autores intelectuales de estos hechos, por lo que se pide que l Ministerio de Gobierno, la Policía y el Ministerio Público coordinen acciones para que se puedan juzgar estos hechos a la brevedad posible.

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2) Reforzar con resguardo policial las instancias de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, para que se brinden condiciones para el ingreso de los asambleístas mientras duras situación de conflicto, con despliegues para la seguridad permanente, tema que del que se deberá dar los respectivos informes.

3) Realizar actos investigativos con celeridad dentro de los procesos penales por acoso y violencia política, por lo que se requirió que el Ministerio Público remita todos los casos relacionados a este tema hasta el 23 de junio.

4) Ejecutar un estudio sobre los casos de violencia política suscitados en Santa Cruz durante los últimos cinco años, resultados serán presentado dentro de cuatro meses.

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5) Pedir información las respectivas entidades estatales y a la ALD sobre el caso de la asambleísta Cruz y otros que se hubieran dado hasta la fecha, con avance y cumplimiento de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres. Se solicitan en este contexto las grabaciones de las sesiones de los concejos municipales y asambleas departamentales, así como el desarrollo de los códigos de ética de las entidades territoriales autónomas.

6) Se realizará una ruta de atención interinstitucional y se reforzarán los protocolos de prevención y atención de los casos de acoso y violencia política, a efecto de que haya una atención preventiva inmediata. Se deberán proyectar protocolos y propuestas en un plazo no mayor a 30 días.

7) La Policía realizara una investigación interna sobre hechos denunciados contra sus efectivos tras la intervención que se dio durante los altercados en las afueras de la Gobernación el pasado 9 de junio.

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8) Las entidades que realizan seguimiento a los casos deberán informar mensualmente sobre las acciones relacionadas a esta temática, ya que en los últimos tres años solo hay tres sentencias, por lo que “no es aceptable que tengamos tantas leyes y que no estén siendo aplicadas por la institucionalidad del Estado”.

9) El viceministerio de Igualdad de Oportunidades deberá analizar la implementación de la Ley 243.

10) La Defensoría del Pueblo realizará talleres de prevención respecto a estos casos y dispondrá de todo su personal para la recepción de denuncias.

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11) El TSE tomará medidas necesarias para difundir e informar a la población sobre estas situaciones y prevenirlas

12) El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado revisarán y ajustarán los protocolos preventivos de acoso y violencia política, ante el inaceptable trato que se dio a las víctimas de estos hechos, es decir, sin la empatía y atención respectiva.

13) A partir de estos compromisos se llevará adelante una reunión de seguimiento el próximo 10 de julio para que todas las entidades involucradas cumplan con los resultados de las tareas asignadas y así los hechos de violencia y acoso político no vuelvan a repetirse.

“Esta situación es inaceptable, no puede continuar y no va a continuar. Como Mecanismo y como Estado asumimos el firme compromiso de evitar que esta situación quede en la impunidad y vamos a activar todos los mecanismos para que la justicia llegue pronto a las víctimas de estos hechos”, concluyó Lima.

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