Sentarán denuncia en la Fiscalía contra diputado masista por violencia de género y política

La diputada opositora Samantha Nogales, de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), anunció que este lunes sentará una denuncia ante el Ministerio Público contra su colega oficialista Juan José Huanca (MAS-IPSP), después de que este la agrediera verbalmente en una sesión de la Asamblea Legislativa, cuando se aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.

Nogales también expuso que se cuenta con las pruebas suficientes para iniciar el proceso penal contra el legislador masista y de esta manera tener los argumentos sólidos para que las autoridades fiscales no desestimen la causa. Huanca agredió verbalmente a su colega al decirle “chola de Camacho”, de acuerdo con el reporte.

“Existe un video donde se escucha lo que dice el diputado, como no estaba con micrófono teníamos que buscar el material y lo hemos encontrado y adjuntado”, apuntó la parlamentaria que acusa a su colega por los delitos de violencia política, violencia de género y discriminación.

La diputada de CC también sentó la denuncia ante la Comisión de Ética del ente legislativo y también se incluirá al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MA-IPSP), por omisión. Sin embargo, sobre este asunto no se mostró tan optimista al referir que dicha esfera que debe aplicar una sanción u amonestación está dominada por el MAS.

¿Qué dice la Ley?

El reglamento legislativo considera como faltas gravísimas aquellas acciones que se refieren a participar en hechos ofensivos o realizar acciones agresivas o violentas en los recintos de la Asamblea o lugares públicos, cuando la conducta del diputado o diputada atente contra el decoro camaral, según Nogales.

Según la Ley 243, los empleados y empleadas públicas que conozcan de hechos de acoso y violencia política hacia mujeres candidatas, elegidas o en ejercicio público, tienen la obligación de denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes. Es por esta razón que la diputada apunta a incluir a Jerges Mercado en el proceso.

En caso de que no lo hicieran, las y los empleados públicos pueden ser castigados y juzgados de acuerdo a Ley. En el Código Penal se considera el artículo de omisión de denuncia (art 178)1 , es decir, castigar al funcionario público que no denuncie con una pena de cárcel entre 3 meses a una multa económica.

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