Justicia da curso a acción popular y prohíbe cualquier asentamiento en las Lomas de Arena

La acción popular que fue interpuesta por los asambleístas cruceños Zvonko Matkovic y Paola Aguirre, ambos de la bancada de Creemos, logró este viernes su cometido: la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia concedió la tutela de los derechos del medio ambiente y el agua a la Asamblea Legislativa Departamental, en referencia a la situación de Las Lomas de Arena.

La acción denunció los avasallamientos en los acuíferos de las Lomas de Arena y la resolución determina que, a partir de la fecha, se prohíbe en un futuro cualquier asentamiento humano en el lugar y se reconoce que existe un daño ambiental.

Cuando se presentó la acción popular, Matkovic expuso que la demanda tenía el objetivo de defender los derechos medioambientales de todos los cruceños y denunciar a las personas que están causando un daño irreversible a nuestro departamento, en referencia a los avasalladores.

Mientras que Aguirre manifestó que se sienta un precedente y explicó que la tutela comprende la declaración del reconocimiento de los hechos que fueron denunciados, por lo que la prohibición de asentamientos es de carácter definitivo, absoluto y obligatorio.

“Este es un precedente jurisprudencial ejemplificador e importantísimo porque significa que la justicia constitucional ha reconocido los avasallamientos y los daños ambientales. Esto coadyuva a los procesos judiciales e investigativos que se encuentran en curso”, manifestó Aguirre, a tiempo de exponer que se espera que esto también se valide en el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Matkovic acotó que este es un logro inédito porque se reconoce que los acuíferos que abastecen a Santa Cruz fueron avasallados.

Botaderos a cielo abierto, letrinas y cauces de acuíferos obstruidos son algunas de las consecuencias que fueron detectadas en una inspección realizada el miércoles por parte de técnicos especialistas de la Gobernación cruceña, de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y de La Guardia y del Colegio de Ingenieros Medioambientales.

La información recolectada durante la inspección será plasmada en un informe, el mismo que será elevado al Gabinete departamental para determinar qué tipo de acciones se realizarán, ya sea un plan de acción de adecuación o un plan de remediación, acciones que deberán ser ejecutadas por los municipios de acuerdo a su jurisdicción.

Además, Aguirre cuestionó que ciudadanos se tengan que autoconvocar para que las instancias llamadas por Ley actúen, en referencia al Ministerio Público y la Policía Boliviana.

Por otro lado, lamentó lo acontecido en el municipio de Ascensión de Guarayos, manifestando que “forma parte de un ataque sistemático a Santa Cruz por parte de una organización criminal que trafica con las tierras y lucra a través de la invasión de propiedad privada ajena”.

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