Ministro Lima sostiene que proyecto de ley contra ganancias ilícitas no afectará a sectores sociales

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que el proyecto de ley 280 Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas no afectará al sector gremial o a otros ciudadanos dedicados al comercio informal u otros ámbitos.

Lima señaló que esta normativa nacional pretende procesar a las grandes organizaciones criminales que se dedican al narcotráfico u otros delitos. Además, dijo, la ley tendrá un alto alcance para enjuiciar a exautoridades nacionales que hayan cometido actos de corrupción durante su gestión pública.

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“El objeto de la ley es perseguir a los grandes criminales, a las organizaciones criminales de narcotraficantes, alcaldes corruptos, exministros que le han robado al país y que están fuera de nuestras fronteras”, explicó Lima a la Asamblea de la Alteñidad.

La autoridad explicó que, la norma no tiene relación con la ley derogada 1386 y que mediante este proyecto, se pretende recuperar los recursos del Estado.

“Estamos buscando adecuar la norma para la misma gente y para recuperar sus activos, de ninguna manera para dividirnos o confrontar a los movimientos sociales que han acudido a este evento”, dijo la autoridad.

Lima explicó que hasta la fecha se tiene 528 procesos en curso, de los cuales 18 casos tienen sentencia y nueve de los acusados fueron absueltos por la justicia.

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“Tenemos nueve casos donde se habría llevado sentencia de absolución, solo en otros nueve casos se consiguió sentencia de condena y de estos nueve casos, mediante la suma total apenas llega un millón de bolivianos”, explicó.

El tratamiento del proyecto de Ley 280, de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, fue paralizado hace días atrás hasta que exista un consenso entre todos los sectores sociales que observaron la norma.

El ministro Lima, indicó que, para tener el consenso con todos los sectores sociales, entre ellos, los comerciantes y transportistas, se deberá explicar los alcances de esta normativa que apunta a atacar el crimen organizado.