Informe de la Casa Blanca sobre Bolivia habla de tortura y observa las detenciones de Jeanine y Camacho

Este lunes el Gobierno de Estados Unidos publicó su informe sobre los Derechos Humanos en Bolivia en el que señala que pese a que en varias oportunidades se denunció torturas el Ministerio de Justicia no denunció a los actores y ningún funcionario ha sido declarado culpable por estos delitos. El documenta también cuestiona las detenciones de la expresidenta Jeanine Añez y del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho.

TORTURAS

“La Constitución prohíbe todas las formas de tortura, coerción y violencia física y emocional, pero hubo informes de que funcionarios del Gobierno las emplearon (...) pero ningún funcionario público ha sido jamás declarado culpable del delito”, así se inicia el apartado del Departamento de Estado sobre las torturas en Bolivia.

El documento señala que pese a que varias Organizaciones No Gubernamentales evidenciaron las torturas, el Ministerio de Justicia no denunció estos actos “por parte de policías y militares, empleados con frecuencia, según la exDefensora del Pueblo Nadia Cruz”.

De acuerdo a las ONG, para obtener información y extraer confesiones la Policía aplica “en gran medida” la tortura. El documento también señala que la mayoría de estos abusos ocurrieron cuando los detenidos son trasladados a instalaciones policiales o cuando custodiaban a los detenidos.

“Las formas más comunes de tortura para hombres y mujeres con privación de libertad incluyen violación, violación en grupo por parte de los guardias, privación sensorial, uso de cámaras de gas lacrimógeno improvisadas, uso de pistolas paralizantes (tasers), asfixia, abuso verbal y amenazas de violencia”, señala el documento.

El informe pone de ejemplo una denuncia que realizó la Defensoría del Pueblo, cuando informó que la Policía golpeó a 11 productores de coca que protestaban contra el mercado paralelo de coca y que los detenidos sufrieron contusiones.

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“Un abogado de los productores de coca añadió que se les privó de alimentos y se les impidió reunirse con sus abogados mientras estaban detenidos”, señala el informe.

DETENCIONES DE AÑEZ Y CAMACHO

“La ley prohíbe el arresto y la detención arbitrarios, pero el Gobierno no siempre respetó la Ley”, así reseña el ‘Informe de países sobre prácticas de Derechos Humanos en 2022’ en el sector que hace referencia a las aprehensiones de la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

El reporte menciona a diferentes informes que analizaron la situación de estas dos figuras de la oposición y hace una reseña de sus situaciones en el apartado de la prisión preventiva. En el caso del gobernador cruceño resume datos sobre su aprehensión y traslado a La Paz, el pasado 28 de diciembre.

La mención hace referencia a que grupos internacionales de Derechos Humanos señalaron varios casos posiblemente motivados por móviles políticos iniciados por el Gobierno que ocasionaron arrestos arbitrarios, todos contra opositores al Gobierno o miembros del Gobierno anterior.

“Las autoridades ofrecieron varias justificaciones para el arresto de Camacho, pero finalmente declararon que fue detenido por su papel en la crisis política de 2019, que el Gobierno describió como un “golpe de Estado”. El 30 de diciembre, un juez ordenó la prisión preventiva de Camacho durante cuatro meses por cargos de terrorismo”, reza el reporte traducido al español.

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Respecto a este tema apuntan que, tras el arresto de Camacho y los disturbios posteriores, el Secretario General de la ONU, António Guterres, emitió una declaración en la que destaca la importancia de adherirse al estado de derecho y garantizar el debido proceso y la transparencia en todos los procedimientos legales.

“Human Rights Watch afirmó que la justificación de la detención preventiva de Camacho era muy frágil”, complementa el documento.

Respecto a la situación de Áñez, el informe reseña que en mayo 2022, el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Saván, destacó el caso Áñez como un ejemplo de los “problemas estructurales” en la administración de justicia, como el uso generalizado de la detención preventiva.

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“Tras el juicio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó varias preocupaciones, incluidas las acusaciones ‘excesivamente amplias y ambiguas’ contra Áñez, así como el uso excesivo de la prisión preventiva”, recoge el reporte al que tuvo acceso UNITEL.

Ya en líneas generales, se advierte que la Ley requiere que la Policía obtenga una orden de arresto de un fiscal y que un juez justifique la orden dentro de las ocho horas posteriores al arresto, pero la entidad verde olivo no se adhirió estrictamente a estas restricciones de tiempo, excepto en los casos en que el gobierno ordenó específicamente el cumplimiento.

“Los defensores públicos generalmente estuvieron sobrecargados y limitados en su capacidad para brindar asistencia legal adecuada y oportuna. Si bien se permite la libertad bajo fianza, la mayoría de los detenidos fueron puestos en prisión preventiva o no pudieron pagar la fianza. Varios expertos legales señalaron que la prisión preventiva era la regla y no la excepción”, sentencia el reporte respecto a la justicia.

Respecto al papel de los jueces, el reporte del Departamento de Estado de EEUU pone en manifiesto que cuando no se detiene a un sospechoso, un juez puede ordenar restricciones significativas sobre los movimientos del sospechoso.

“La prisión preventiva prolongada continuó siendo un problema (...) Los procedimientos legales complejos, el gran número de detenidos, la ineficiencia judicial, la injerencia del Poder Ejecutivo, la corrupción, la escasez de defensores públicos y los mecanismos inadecuados de seguimiento de casos contribuyeron a demoras en los juicios que prolongaron la detención preventiva y mantuvieron a muchos sospechosos detenidos por más tiempo de los límites legales”, concluye parte de este documento.

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