Camacho cumple un mes encarcelado, en medio de críticas contra el Gobierno y la justicia

Este sábado 28 de enero se cumple un mes de la aprehensión y traslado a La Paz del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, ahora recluido en el penal de Chonchocoro mientras enfrenta un proceso en su contra por el caso ‘golpe I’ en un contexto en el que suman las denuncias por vulneraciones a sus derechos fundamentales que ya fueron expuestas ante organismos internacionales.

Fue el pasado 28 de diciembre, durante las primeras horas de la tarde, cuando se denunció el “secuestro” de la máxima autoridad departamental, situación que fue el inicio de una serie de hechos que marcan la agenda política y penitenciaria del país.

En este lapso se registraron movilizaciones, represiones donde se evidenció la brutalidad policial, un cabildo nacional, toma de instituciones, denuncias de intentos de “golpe” a la Gobernación y una lista de observaciones sobre el actuar de la justicia y el Gobierno sobre la situación de la máxima autoridad cruceña.

En tanto, salió a la luz la necesidad que tiene Camacho para recibir un tratamiento médico especializado. Cuatro cartas enviadas a la ciudadanía, la puesta en consideración de su mandato y una serie de hechos que exhiben la vulneración de sus derechos estan en mesa, de acuerdo con los reportes de su defensa jurídica.

Camacho fue enviado a la cárcel de Chonchocoro el pasado 30 de diciembre, donde debe guardar detención preventiva por un lapso de cuatro meses, lugar desde donde gobierna después de que la justicia negara que se defienda en libertad.

Desde ese penal emplazado en el municipio de Viacha, en pleno altiplano paceño, ha designado autoridades y firmados documentos que hacen a la gestión de la Gobernación de Santa Cruz.

Sus colaboradores han llegado hasta el penal la cárcel para impulsar la administración departamental.

Cámara en la celda

El caso está marcado además por denuncias sobre las condiciones del penal y la celda que ocupa Camacho.

El antecedente más reciente fue expuesto este jueves por su abogado Martín Camacho, quien -con base en versiones de su defendido- denunció que se instaló una cámara espía en el interior de la celda de la autoridad cruceña, situación que desencadenó una ola de críticas y un cruce de versiones con Régimen Penitenciario y el Ministerio de Gobierno.

La entidad responsable de la cárcel de Chonchocoro negó que se hubiera instalado el equipo en el lugar y calificó el hecho como una “tramoya”.

Sin embargo, el artefacto fue expuesto ante los medios de comunicación y se denunció la violación de la privacidad no solo del gobernador, sino también la de su esposa y la de sus hijos, quienes visitaron la cárcel para acompañar la autoridad departamental.

La defensa de Camacho buscó sentar una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), pero ésta no pudo ser ingresada hasta el cierre de esta edición; no obstante, los parlamentarios de la alianza Creemos enviaron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se puso en evidencia esta situación.

Las denuncias de vulneraciones a los derechos del gobernador fueron puestas en conocimiento de los organismos internacionales en diferentes ocasiones, puesto que el caso de la “cámara espía” no es la única situación “irregular” que fue puesta en mesa por su equipo jurídico.

Apuntan a la justicia

En días pasados, la defensa legal del gobernador denunció que éste fue notificado con su orden de aprehensión en Chimoré, Cochabamba, después de haber sido arrestado de forma violenta en Santa Cruz y obligado a abordar un helicóptero, el pasado 28 de diciembre, cuando fue interceptado por policías fuertemente armados que los trasladaron hasta el aeropuerto de Viru Viru.

“En ningún momento se le muestra el documento para indicarle bajo qué circunstancias, bajo qué orden se lo está aprehendiendo. Lo trasladan hasta Chimoré, ahí recién le exhiben la orden de aprehensión y se le obliga a firmar el documento (de la orden de aprehensión)”, denunció en una audiencia virtual el abogado Carlos Ledezma, quien resaltó que fue una detención violenta.

El Gobierno aseguró que cumplieron y respetaron todos los pasos del debido proceso. En ese contexto, aseguró que este caso está en manos de los operadores de justicia y se trata de un asunto legal en el que no intervienen.

Sin embargo, la defensa de Camacho negó esa versión y demostró que lo notificaron después de aprehenderlo.

Además, el pasado 19 de enero, en los minutos previos a la instalación de la audiencia de apelación a la detención del gobernador, su defensa denunció vulneraciones al debido proceso y deslizó una posible injerencia del Órgano Ejecutivo en la justicia en este caso.

A esto se suman que al momento de su aprehensión se dio parte de que la autoridad requiere un tratamiento especial en tema de salud, el cual no lo presta el sector público, por lo que la situación de su salud fue otro de los temas de controversia debido a que la defensa interpuso varios recursos legales para que acceda al medicamento que debe recibir cada 20 días para tratar su enfermedad de base.

“Golpe a la Gobernación” y pedido de amnistía

En el plano político, desde la Gobernación cruceña señalaron en diferentes ocasiones que se buscan los mecanismos para frenar la investidura de Camacho, quien ya firmó decretos y disposiciones en el interior del penal, donde designó a nuevas autoridades y ratificó a otras que son parte del Ejecutivo departamental.

Desde la Gobernación de Santa Cruz exhiben que el Movimiento Al Socialismo (MAS) le quiere negar uno de sus derechos políticos -el de ejercer el cargo de gobernador-, tanto así que desde los tres niveles de Gobierno el oficialismo busca activar mecanismos para que la silla de máxima autoridad departamental sea ocupada por el vicegobernador Mario Aguilera. Incluso en su momento el ministro de Justicia, Iván Lima, habló de nuevas elecciones.

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Sin embargo, el área jurídica del gobierno departamental y legisladores que respaldan a Camacho establecieron que no se viola el Estatuto Autonómico, por lo que Camacho sigue al frente de Santa Cruz, al punto que incluso la ciudadanía que asistió al Cabildo por la Libertad definió que se mantenga en el cargo.

Respecto a esta última movilización, que se llevó adelante el 25 de enero a escala nacional, en Santa Cruz se determinó impulsar un revocatorio para el presidente Luis Arce si es que no se libera al gobernador cruceño y otros “presos políticos” a través de una ley de amnistía. La pregunta fue expuesta por el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y los asistentes aprobaron la moción.

Similares propuestas surgieron en los otros departamentos.

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En este sentido, la ciudadanía aprobó exigir al Gobierno de turno que instruya y viabilice la aprobación la norma en un plazo no mayor a 30 días con el fin de que se determine la liberación de Camacho y de los “presos políticos” de Bolivia, situación que fue recogida en la cuarta pregunta del cabildo.

De esta manera, Camacho cumple un mes desde su aprehensión y posterior traslado a La Paz, con temas que todavía están pendientes de resolver y con denuncias latentes que apuntan a la justicia y al Gobierno de turno.

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