CIDH observa la escalada de agresiones a periodistas, tras denuncias por la impunidad y falta de investigación

El reporte preliminar del organismo internacional tras su visita a Bolivia también observa el financiamiento que reciben los medios de comunicación administrados por el Estado

Publicado: 31/03/2023 17:59
[Foto: APSC] / Distintos colectivos periodísticos se manifestaron en diferentes ocasiones contra la violencia y por el libre ejercicio de su labor

Uno de los apartados mencionados en el informe preliminar de los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la situación y avances en la labor de los derechos fundamentales de la población boliviana, se centró en las condiciones para ejercer el periodismo en Bolivia, advirtiendo las denuncias de impunidad y falta de investigación a agresiones sufridas por comunicadores a escala nacional.

Así lo expuso la vocera de los delegados y vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena, al exponer que se recibió información sobre la falta de condiciones para ejercer la profesión a escala nacional, pese al “amplio ejercicio de la libertad de prensa”, según expuso en conferencia de prensa la tarde de este viernes 31 de marzo.

“Preocupa la escalada de agresiones a periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, la destrucción de equipos y ataque a infraestructuras de medios de comunicación”, señaló la comisionada.

La ejecutiva manifestó que, a raíz de la violencia se presentaron distintos episodios de autocensura e incluso la interrupción de transmisiones de medios de comunicación y el cese del despliegue noticioso mientras transcurrían asuntos de interés público por temor a ataques.

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Pese a la gravedad de estos hechos la comisión apunta que persiste la impunidad, la falta de investigación y la persecución de los agresores por parte de la justicia, así como también observa discursos estigmatizantes o que pueden estar alentando a la violencia o discriminación por parte de líderes políticos locales y nacionales, así como autoridades.

La comisión nota relevancia y despliegue de los medios de comunicación administrados por el estado y su importante financiación que contrasta con la crisis de sostenibilidad de los demás medios”, acotó Arosemana en otro de sus apuntes, al igual que los cuestionamientos latentes en la distribución de la pauta estatal.

Asimismo, la comisión recibió distintos reportes que cuestionan determinadas coberturas periodistas de eventos de interés público en Bolivia, pero expresó las líneas editoriales en su pluralidad contribuyen a la dimensión colectiva de la libertad de expresión los medios de comunicación pueden defender sus líneas editoriales sin que ello implique el desconocimiento de los hechos verificables contrastados y contextualizados.

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La CIDH sostuvo una audiencia con gremios del sector periodístico, un ejemplo de ello fue la reunión sostenida con miembros de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz la tarde de este jueves, donde se pidió la aplicación de medidas cautelares que recomienden al Estado boliviano garantizar la libertad de expresión y de prensa para todos los periodistas de Bolivia.

Además, la entidad gremial puso sobre la mesa los más de 60 casos de agresión física y los casos de discursos de odio, estigmatización, presiones para revelar su fuente y citaciones judiciales, entre otras situaciones que sufren hombres y mujeres de la prensa.

Las medidas cautelares son un mecanismo de protección de la CIDH, mediante el que se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

“En Bolivia, los periodistas vivimos con el Jesús en la boca y no queremos ser trofeo de guerra de nadie y nos resistimos a tener como herramienta de trabajo a los chalecos antibala”, dijo el presidente de la Asociación, Roberto Méndez, previo a la reunión.

La Asociación de Periodistas presentó nombres de más de 60 periodistas agredidos físicamente en Santa Cruz, en tres eventos: durante el secuestro de Las Londras, el 28 de octubre del 2021; los 36 días de paro cívico en el 2022 y durante las primeras semanas del 2023 tras la aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

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