Camacho es citado a declarar por “avasallamientos” y “loteamientos” en las Lomas de Arena

El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, suma una nueva denuncia en su contra. Esta vez es el diputado masista, Hernán Hinojosa, impulsa un proceso por avasallamientos y loteamientos en la zona de las Lomas de Arena, durante el último trimestre de 2022. La información fue confirmada por el abogado de la autoridad cruceña, Martín Camacho.

El jurista señaló que su defendido fue citado a declarar este martes a las 10:00 y se prevé que esto se lleve adelante en el penal de Chonchocoro, donde se encuentra recluido desde el pasado 30 de diciembre.

De acuerdo con el documento de la denuncia, el gobernador es acusado de los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

A finales de noviembre de 2022, el diputado Hinojosa denunció que el gobernador autorizó la “emisión de fichas ambientales en favor de empresarios” en áreas de la reserva natural de Lomas de Arena, razón por la que se elevó una Petición de Informe Escrito (PIE).

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En esa ocasión, el legislador afirmó que Camacho “aprovechó el paro indefinido” y los conflictos en torno al Censo para “emitir de manera irregular” las fichas ambientales para fines de “avasallamientos” y “loteamientos”.

“Este proceso representa una arbitrariedad y es una muestra más que clara del uso del Ministerio Público como brazo operador de la injusta persecución política en contra del gobernador, ya que como se ha demostrado dentro del mismo la Secretaría Departamental de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en su calidad de autoridad ambiental competente cumplió a cabalidad con las facultades y atribuciones conferidas por normativa vigente y se realizaron las acciones necesarias para proteger el patrimonio natural de Santa Cruz”, apuntó el abogado.

Antecedentes

En esas fechas (de octubre a diciembre de 2022) también se registró un violento avasallamiento en la zona de descarga de los acuíferos, que también están en las Lomas de Arena, situación por la que la Gobernación declaró una pausa ambiental para frenar cualquier actividad a la espera del desalojo del grupo irregular armado que se asentó en un predio privado, lo que implica que no hay fichas ambientales y menos en una reserva.

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Debido a esta última situación fue que la justicia emitió una resolución en la que otorga la tutela del lugar a la Asamblea Legislativa Departamental, documento en el que se reconoce que hubo daño ambiental en la zona avasallada y prohíbe en un futuro cualquier asentamiento humano en el lugar.

Botaderos a cielo abierto, letrinas y cauces de acuíferos obstruidos son algunas de las consecuencias que fueron detectadas en una inspección realizada el miércoles por parte de técnicos especialistas de la Gobernación cruceña, de las alcaldías de Santa Cruz de la Sierra y de La Guardia y del Colegio de Ingenieros Medioambientales.

En esa ocasión, figuras del oficialismo departamental denunciaron que estas personas fueron enviadas por el partido azul para ocupar este espacio natural de la zona metropolitana cruceña.

Además de la pausa ambiental determinada por la Gobernación, se instruyó que los municipios de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia cumplan a cabalidad este establecido, entendiendo que es una competencia de los gobiernos municipales atender lo referente a asentamientos humanos urbanos, la implementación de obras en su jurisdicción, aprobación de actividades urbanísticas, uso de suelo, aperturas de calles, entre otros.

Por otro lado, la licencia ambiental no faculta, no autoriza ni tiene el alcance para que se autorice un asentamiento humano urbano, tampoco otorga derecho de propiedad.

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