Política

Suman las denuncias por la violación de derechos de Luis Fernando Camacho

El caso más reciente fue descubierto por la propia autoridad dentro de su celda, donde detectó una cámara espía que estaba instalada en el espacio en el que estás recluido en Chonchocoro

Álvaro Rosales Melgar
27-01-2023

Desde la falta de notificación tras su aprehensión hasta la instalación de una cámara oculta para vigilar su celda, la lista de denuncias de la vulneración de derechos del gobernador Luis Fernando Camacho sigue en aumento, según exponen sus abogados, allegados, familiares y la propia autoridad cruceña, quien cierra este viernes su cuarta semana de reclusión en el penal de Chonchocoro.

El caso más reciente fue descubierto por el propio gobernador dentro de la celda en la que se encuentra recluido preventivamente. En compañía de su esposa, descubrió una cámara espía que fue instalada en el lugar, según una denuncia que fue expuesta por el abogado de la autoridad, Martín Camacho, este jueves.

“El Ministerio de Gobierno y Régimen Penitenciario vulneran todo derecho a la privacidad y a la imagen no solo del gobernador Luis Fernando Camacho, también el de su esposa, familiares y abogados”, manifestó el jurista.

Posterior a esto, el abogado se trasladó hasta Chonchocoro y denunció que no lo dejaron ingresar al penal para visitar al gobernador, pese a que tiene derecho de recibir la visita de su equipo defensor, según expusieron sus allegados.

Esta situación ya se replicó en otras ocasiones, donde también se le impidió el ingreso a su equipo de trabajo de la Gobernación, como es el caso que se dio con el vicegobernador Mario Aguilera, quien no pudo ingresar al penal este jueves.

Derecho a la privacidad

La cámara espía en el interior de la celda no es el único antecedente de la violación del derecho a la privacidad, ya que en días pasados la justicia falló sobre la Acción de Protección a la Privacidad que presentó la defensa del gobernador contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y otras dos autoridades por la difusión de una imagen de la autoridad cruceña dentro del penal de Chonchocoro.

“La Sala Constitucional reconoció que el Gobierno violó el derecho a la privacidad del gobernador. Pero a pesar de eso emitió un fallo que no permite corregir este abuso. Así de contradictoria e irracional es la Justicia en la Bolivia gobernada por el masismo”, manifestó el equipo de Camacho a través de sus redes sociales oficiales.

Derecho a la salud

Tras su aprehensión, el pasado 28 de diciembre, salió a la luz que el gobernador requiere de un tratamiento médico que no presta el sistema público de salud y que necesitaba la asistencia de un especialista, equipos y un medicamento específico que no pudo ser brindado durante los primeros días de detención.

“Está en riesgo la salud del gobernador, su vida, no pueden otorgarnos un ambiente limpio, totalmente esterilizado para que se proceda a suministrarle el suero, lo que corresponde es que se lo traslade a una clínica o a un hospital”, manifestó en ese entonces Carlos Ledezma, uno de sus abogados.

Sin embargo, la justicia negó esta solicitud de salida una clínica y tuvieron que pasar algunos días para acondicionar un lugar en Chonchocoro y conseguir los permisos para el ingreso de los equipos y medicamentos, en medio de las denuncias que reflejaban que la salud de Camacho corría peligro.

Violaciones durante su aprehensión

En días pasados, la defensa legal del gobernador denunció que este fue notificado con su orden de aprehensión en Chimoré, Cochabamba, después de haber sido arrestado en Santa Cruz y obligado a abordar un helicóptero, el pasado 28 de diciembre, cuando fue interceptado por policías que los trasladaron hasta Viru Viru.

“En ningún momento se le muestra el documento para indicarle bajo qué circunstancias, bajo qué orden se lo está aprehendiendo. Lo trasladan hasta Chimoré, ahí recién le exhiben la orden de aprehensión y se le obliga a firmar el documento (de la orden de aprehensión)”, denunció, en audiencia virtual el abogado Carlos Ledezma, quien resaltó que fue una detención violenta.

El Gobierno aseguró que cumplieron y respetaron todos los pasos del debido proceso; sin embargo, la defensa de Camacho negó esa versión y demostró que lo notificaron después de aprehenderlo.

Además, el pasado 19 de enero, en los minutos previos a la instalación de la audiencia de apelación a la detención del gobernador, su defensa denunció vulneraciones al debido proceso y deslizó una posible injerencia del Órgano Ejecutivo en la justicia en este caso.

Desde la alianza Creemos anotaron al menos cinco vulneraciones durante la aprensión de Camacho y su posterior traslado a La Paz “las cuales se resumen en secuestro, uso de violencia excesiva y aprehensión en ausencia de delito penal, tema que después relució que se dio por el presunto delito de terrorismo, dentro de las investigaciones por el caso ‘Golpe I’.

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El “traslado de Camacho a La Paz cuando debería juzgarse en la ciudad de Santa Cruz y desaparición forzosa tras el arresto; y la vulneración de circulares emitidas por el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en relación a la vacación judicial anual colectiva”, fueron situaciones evidenciadas por los parlamentarios.

Derecho a pronunciarse

Durante su audiencia de apelación en la que buscaba el cese de detención preventiva, la vocal Rosmery Lourdes Pabón frenó la intervención del gobernador cuando se refería a las situaciones y conflictos registrados en 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que derivaron en la renuncia del entonces presidente Juan Evo Morales.

Pabón cortó a Camacho hasta en dos ocasiones y le pidió ser “concreto”, fue cuando la autoridad cruceña señaló que tiene derecho a la defensa y enfatizó que en ninguna de las citaciones que le hicieron evadió la convocatoria.

En esa audiencia, el abogado Martín Camacho también reiteró que hubo incongruencias en la acusación, al presentar los argumentos que desvirtúan la detención del gobernador, pero esto no fue tomado en cuenta por la justicia y de esta manera Camacho cierra su cuarta semana de reclusión, en medio de una lista de denuncias de vulneración de sus derechos.

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