Docentes de la Uagrm se movilizan en defensa de su ahorros y rechazando a la Gestora Pública
La ‘Marcha por una jubilación digna y la protección de los ahorros’ concentró en la Plaza del Cementario de la urbe cruceña y convocó a las bases para exponer un pliego petitorio de cinco puntos
La Federación Universitaria de Profesores de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) se movilizó la tarde de este martes en la capital cruceña en rechazo a la Gestora Pública, que en adelante administrará los fondos de pensiones y los recursos de los jubilados en el país, protestas a las que se sumó la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).
La ‘Marcha por una jubilación digna y la protección de los ahorros’ concentró en la plaza del Cementerio General de la urbe cruceña y convocó a las bases para exponer un pliego petitorio de cinco puntos, que fueron expuestos al finalizar la protesta en puertas del edificio de la Gestora (entre Canal Cotoca y Virgen de Cotoca).
1.- El rechazo a la puesta en funcionamiento de la Gestora Pública, dependiente del Estado, ya que los movilizados alegan que la entidad se convierte en “juez y parte” en la administración y fiscalización de ahorros individuales, privados e inalienables que “se dispusieron sin autorización de los verdaderos dueños” de los recursos.
2.- También se rechaza “la apropiación indebida de los fondos de pensiones de todos los bolivianos para cubrir el déficit de cuentas públicas, la inflación y la falta de dólares para la importación y otros temas que demuestran la mala administración del Gobierno”.
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3.- Asimismo, se exige la abrogación de la Ley 065, aduciendo que se impide fiscalizar los activos y el destino de los ahorros.
4.- Se pide la rendición de cuentas de los ahorros y el estado de los mismos, así como también se aclare el tema de los gastos para la compra de dos sistemas de software que no llegaron a utilizarse y para los que se desembolsaron más de $us 13 millones, según el reporte.
5.- Además, se exige al Gobierno una explicación sobre el origen de $us 105 millones que se pagará a BBVA por la estatización, de acuerdo al fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a Inversiones (Ciadi).
De esta manera, los movilizados se declaran en emergencia y se suman a las protestas que se dan desde hace meses por parte de otros sectores, entre los que resaltan mineros, maestros, jubilados y fabriles.
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Entidades como la la Confederación del Sistema Integral de Pensiones también expresan su rechazo y meses atrás el dirigente Rodolfo Ayala manifestó: “Queremos que la administración sea de los trabajadores y de los compañeros jubilados, no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo de la administración”.
No obstante, desde el Gobierno nacional, autoridades como la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, afirmó no se va a usar nunca indiscriminadamente los recursos por parte del Estado, porque hay una reglamentación y entes que controlan como la contraloría o la Autoridad de Pensiones y Seguros, según un reporte del aparato de comunicación estatal.
Para el Gobierno de turno, el propósito de manejar los fondos es para generar inversiones y rendimientos porque el dinero en el tiempo pierde su valor, no se trata de un préstamo, sino de medidas para mejorar el sistema.