La Gestora y un decreto supremo aglutinan las protestas de mineros, maestros, jubilados y fabriles

El Gobierno nacional vuelve a tener una problemática encima en torno al Decreto Supremo 4783, sobre la transferencia de las utilidades de las empresas estatales al Tesoro General de la Nación (TGN). Después de calmarse las aguas con los mineros de Colquiri, con quienes se acordó modificar tal normativa, ahora aparecen nuevos sectores que exigen su abrogación total y también rechazan que la Gestora Pública, institución encargada de administrar los fondos de pensiones.

Ahora son los mineros de Huanuni los que impulsan las movilizaciones -que suman a fabriles, jubilados y maestros, entre otros sectores- saliendo a las calles como señal de protesta, donde resalta el cierre de la autopista La Paz – El Alto y la toma de instalaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), el pasado martes, como muestra de desconocimiento al ente matriz que está alineado con el Gobierno de turno.

El principal foco del problema es el Decreto Supremo 4783, el cual establece que las empresas públicas del Estado (o en las que tenga mayoría accionaria) transfieran parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión al Tesoro General de la Nación (TGN) para financiar proyectos de inversión o programas de interés social, tema que se considera que pueda afectar a la estabilidad de las firmas estatales.

Las medidas se radicalizarán, según los anuncios del sector minero de Huanuni, ante el rechazo que hay por dicho decreto que fue firmado por Luis Arce Catacora en agosto pasado. La segunda exigencia sectorial es que la Gestora Pública paralice sus operaciones y, la tercera, busca la renuncia del ministro de Minería, Ramiro Villavicencio.

Este martes, tras cinco horas de reunión, se rompió el diálogo entre el Ministerio de Economía y la dirigencia minera de Huanuni, que abandonó las instalaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a la cabeza del dirigente Ronald Mamani, quien sostuvo que el ministro de dicha cartera estatal no tiene una perspectiva de diálogo y anunció la radicalización de las movilizaciones a partir de este miércoles.

Mientras que el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, justificó su postura argumentando que los propios mineros de Colquiri y el sector pidieron derogar “algunos” artículos del decreto observado. Dice que existe una contradicción en cuanto a los pedidos del sector minero.

Entretanto, tales medidas de presión empezaron materializarse desde este miércoles en la sede de Gobierno con el cierre de calles en el centro de la ciudad y con marchas en las que no faltaron las detonaciones de cachorros de dinamita, tema que se replicó en la autopista La Paz – El Alto.

“Esta es la única manera de que los trabajadores del subsuelo puedan hacer escuchar su voz de protesta. La decisión es clara, radicalizar la medida de presión hasta las últimas consecuencias por culpa de este ministro que no sabe cuál es el sentimiento de los trabajadores”, anunció el dirigente minero.

Desde el punto de vista de Ramiro Paredes, analista especializado en minería, llama la atención la ausencia de unidad sectorial, tomando en cuenta que los sindicatos han mostrado diferentes posturas en torno al decreto por parte de los entes afiliados Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en referencia a los miembros de Huanuni y Colquiri.

“Independientemente de quién tenga la razón, minería se hace con recursos y no con discursos. Cada firma minera requiere recursos para hacer ampliaciones, innovaciones tecnológicas, introducir nuevos equipos y maquinarias para incrementar la productividad y la economía sectorial con efectos positivos para el país”, sostuvo Paredes, al referir que se debe considerar que requerirá cada empresa estatal para encarar las mejoras, antes de hablar de una retención de las utilidades.

Por ello, sugirió que la Federación debe convocar a sus afiliados para tener una postura única respecto a la exigencia del DS 4783 para conocer los puntos coincidentes y divergentes para hacer planteamientos al Gobierno y preservando la lógica de mejorar la producción minera.

La postura del Ejecutivo

Desde el Ministerio de Economía impulsan una campaña en redes sociales con el hashtag #DefendamosLosBonos y las autoridades realizan visitas a diferentes medios de comunicación paceños para referirse al tema y defender que los recursos deben ser manejados por el Estado, tanto lo de la Gestora Pública como lo establecido en el DS 4783, tomando en cuenta que los recursos apoyarán a proyectos como el bono Juancito Pinto o la Renta Dignidad.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, sostuvo que se había acordado la emisión de un nuevo decreto consensuado que reemplace los artículos observados del DS 4783, pero posteriormente se pidió la abrogación total por parte de los mineros de Huanuni, cuando se había acordado con la COB establecer nuevos parámetros para la transferencia de recursos de las empresas públicas a las arcas del Estado.

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La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, expresó en una de estas ocasiones que en un año se generaron $us 22 millones anuales en materia de administración y comisiones de las anteriores administradores de fondos de pensiones y estos recursos no se quedan en el país.

“No se va a usar nunca indiscriminadamente los recursos por parte del Estado, porque hay una reglamentación y entes que controlan como la contraloría o la Autoridad de Pensiones y Seguros”, expresó la autoridad en declaraciones a ATB, en referencia al tema de la Gestora Pública.

Según la autoridad, el propósito de manejar los fondos es para generar inversiones y rendimientos porque el dinero en el tiempo pierde su valor, no se trata de un préstamo, sino de medidas para mejorar el sistema.

Otros sectores movilizados

La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia respaldó el pedido de abrogación del Decreto Supremo 4783 y el rechazo la Gestora Pública, pero dio su respaldo a la dirigencia de la COB y rechazó la toma que se dio el martes.

“Hemos sido claros, todos los sectores en función de la COB, este decreto puede afectar los intereses de todos los trabajadores. Por eso pedimos su abrogación en su totalidad, porque está causado un caos en nuestro país”, expresó el dirigente fabril Mario Segundo Quispe.

Por su parte, la Confederación del Sistema Integral de Pensiones también se alineó a los mineros, en específico con el movimiento contra la Gestora Pública. “Queremos que la administración sea de los trabajadores y de los compañeros jubilados, no puede ser que el Estado con un decreto se haga cargo de la administración”, manifestó el titular de la entidad, Rodolfo Ayala.

Del mismo modo, el Magisterio Urbano de La Paz también impulsó una protesta, una marcha de “cacerolas vacías” en la sede de Gobierno con el mismo pliego petitorio y el argumento de que esto puede afectar a las jubilaciones.

En esta línea, el economista y especialista en pensiones Alberto Bonadona manifestó que el Estado tiene la misión y la oportunidad de demostrar que la Gestora Pública tiene la posibilidad y el potencial para aumentar la rentabilidad del sistema, así como mejorar las coberturas de diferentes sectores, que es lo que más inquieta a los aportantes.

“Además de diálogo, hay que demostrar si puede haber rentabilidad en el sistema con otras formas de inversión y conseguir apoyo de entidades que puedan aportar una guía técnica que dé garantías sobre el manejo y la diversificación de las inversiones. Entonces, se debe tener una alternativa real que muestre que se hará una labor que las anteriores entidades administradoras de pensiones no hubieran cumplido”, apuntó.

Por ello, Bonadona también considera que se debe trabajar en materia informativa desde el Estado para que la gente tenga a mano información relacionada a sus aportes y sobre las pensiones. Todos estos parámetros se pueden tomar con aprendizajes desde el exterior, donde existen grandes fondos que son públicos, según el analista.

El descargo de la Gestora

Actualmente, los fondos de los aportes están bajo la administración de la Gestora Pública y desde la entidad señalaron que tales recursos se constituyen en patrimonios autónomos “intocables”, según el gerente Jaime Durán, quien sostuvo que no debería ser existir preocupación de los trabajadores, con quienes se trabajó la normativa vigente -la Ley 065- que establece todas las garantías para los aportes.

“La Ley 065 establece con claridad que los fondos de los aportes de los trabajadores se constituyen en patrimonio autónomo, es como si estos aportes fueran a una caja que tiene un rotulo que dice intocable. Ese intocable quiere decir que solo pueden invertirse para hacer crecer esos recursos y solo pueden utilizarse para el pago de pensiones”, explicó Durán.

Durán precisó que los trabajadores también podrán controlar sus contribuciones porque se tendrá un reporte de sus aportes individualizados en sus cuentas personales provisionales y, del mismo modo, comunicó con anterioridad que están dispuestos a sentarse con los sectores para despejar las dudad.

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