Procurador pide “intervenir” los colegios de convenio o administrados por religiosos católicos

El procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, anunció que elevó un pedido al Ministerio de Educación para “intervenir” los colegios administrados por religiosos católicos o de convenio para establecer medidas de protección a los estudiante, en un coyuntura en la que existe un escándalo por casos de violación y abuso cometidos por sacerdotes.

“Hemos pedido al Ministerio de Educación, que es el órgano rector, que tome las medidas protectoras para niños y adolescentes en estos colegios ya sean directamente administrados por jesuitas o indirectamente con convenios, (con) la intervención inmediata”, manifestó la autoridad en un reporte que fue replicado por el aparato de comunicación estatal.

Chávez apuntaló su postura al exponer que las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes se extienden a todo el país, recordando que se desarrollan ocho investigaciones, de las que no se pueden dar detalles porque el Ministerio Público declaró la investigación en reserva.

Es posible que “una vez que se levante la reserva podamos dar mayor información sobre el caso; hay mucha gente que ha denunciado y sigue denunciando. Son ocho las investigaciones, ya no sólo en Cochabamba, sino en todo el país, prácticamente, es lo que yo podría decir en avance sobre el tema”, explicó.

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Asimismo, remarcó que se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores analizar con cuidado el estatus legal de la Compañía Jesús, porque no se puede permitir que exista un “grupo de poder” sin control.

“No podemos vivir en un Estado dentro del Estado (...) Se deben asumir acciones inmediatas, no podemos permitir más esto”, apuntó el procurador, al advertir que se debe investigar la forma permitió encubrir estos casos de violencia sexual contra menores.

Reprochó que cuando algún religioso era denunciado, solo lo cambiaban de destino y “ahí moría el asunto”.

Asimismo, reprochó que ahora se pretenda que las víctimas acudan a ellos (Compañía de Jesús), cuando necesitan protección y no acudir con sus “verdugos”, por lo que instó a los denunciantes acudir al Ministerio Público o a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.

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