Valverde sobre conflicto en Santagro: “Estamos ante la ausencia absoluta del Estado”

El conflicto por avasallamiento en el predio Santagro, en la provincia Guarayos de Santa Cruz, se ha cobrado dos vidas en los últimos días. Se conoce que el fiscal Ricardo Cayola, envió el pasado 13 de marzo un requerimiento al ahora excomandante departamental Jhonny Chávez Bascopé para enviar policías al lugar y ante el caso omiso a esa solicitud, remitió una conminatoria el 27 de marzo, dos días antes de que se registraran muertes en este lugar. Para el analista y periodista Carlos Valverde, el Gobierno no tiene una intención de proteger las inversiones y ve que hay un interés de que los terrenos pasen a manos de los interculturales.

Para evitar que el conflicto avance y se torne más oscuro, lo que debió hacerse desde un inicio, era enviar policías con el objetivo de frenar el abuso y sacar a los avasalladores dando cumplimiento a la conminatorio emitida por la Fiscalía “y todo hubiera acabado en paz”, manifestó Valverde.

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“El problema es que la institucionalidad no funciona cuando debe, porque hoy estamos en la ausencia absoluta del estado, en el caso de Santagro”, remarcó Valverde en entrevista con La Revista de UNITEL.

El periodista también cuestionó que el ministerio de Gobierno no hubiera intervenido con anterioridad, y que cuando la Policía ingresó por primera vez a Santagro, fueron sacados “a palos” por los avasalladores y la autoridad del área, Eduardo Del Castillo, “no le importó nada”.

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Presencia de terceros

“Aquí el problema es la violencia que se desató y que no salió de Santagro y por lo que se ve, tampoco de los avasalladores, significa que hay un tercer interesado en que las cosas se vayan a peor”, dijo Valverde refiriéndose a una persona de apellido Tejerina.

Sobre el por qué no se intervino el avasallamiento en este predio, el analista y periodista sostuvo que esto no ocurrió porque “al Gobierno no le interesa proteger” y que la intención “es muy clara” para que “esto pase a manos de los interculturales”.

“Ellos le dieron un contrato a Tejerina, que está protegido por el Gobierno, y los interculturales también”, manifestó.