Iglesia manifiesta que la aprobación de la Ley del Censo en la ALP dará “paz y tranquilidad” al país

“Hemos estado preocupados por la falta de solución y creo que se haya aprobado la ley da una alegría y tranquilidad”, dijo.

Publicado: 29/11/2022 18:34
[Foto: RRSS] / Secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Giovanni Arana

Varios son los sectores y fuerzas políticas que se manifestaron este martes sobre la Ley del Censo que fue aprobada en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Al respecto, el secretario general de la Conferencia Episcopal de Bolivia, Giovanni Arana, considera que la reciente aprobación de la ley en el Senado dará “paz y tranquilidad” a los sectores movilizados por un proceso censal.

“Hemos estado preocupados por la falta de solución y creo que se haya aprobado la ley da una alegría y tranquilidad. Nos alegramos con nuestro pueblo porque de verdad estaba creando mucho conflicto”, declaró a Unitel.

La autoridad eclesiástica dijo que la Iglesia Católica tuvo un papel importante en el conflicto tras convocar en varias a encontrar consensos a través del diálogo.

“Creo que el papel que hemos jugado fue importante al convocar al diálogo y que se solucione los conflictos que se fueron originando en torno a la temática del Censo”, declaró.

Sin embargo, el monseñor lamentó que el conflicto se haya solucionado, tras varias semanas de paro indefinido y de enfrentamientos en la capital cruceña.

Tras la consulta sobre la promulgación de la ley que estará en manos del presidente del Estado Luis Arce, Arana dijo que la máxima autoridad deberá garantizar la paz y tranquilidad a todo el país.

La jornada de este jueves, la Cámara de Senadores sancionó la Ley del Censo con 21 votos a favor. El documento será elevado al Ejecutivo para su posterior promulgación.

La Ley del Censo ratifica que el proceso censal será desarrollado el 23 de marzo de 2024 como así está definido en el decreto supremo

Además, los resultados del Censo deberán ser presentados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la distribución de recursos y la redistribución de los escaños con miras a las elecciones del 2025.

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