HRW no halla pruebas para culpar a Camacho por terrorismo y dice que acusación contra Añez carece de fundamento

La organización internacional de monitoreo a los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW), presentó recientemente su Informe Mundial de 2024, reflejando en el capítulo de Bolivia que el Gobierno utilizó una definición demasiado amplia de la definición de ‘terrorismo’ para procesar a figuras de la oposición como Luis Fernando Camacho y Jeanine Añez.

El informe reseña que “la interferencia política ha plagado el sistema de justicia de Bolivia durante años. El Gobierno, tanto de la expresidenta interina Jeanine Áñez como del actual presidente Luis Arce, ha utilizado una definición demasiado amplia de “terrorismo” para procesar a opositores políticos.

“Camacho fue acusado de planear la renuncia del entonces presidente Evo Morales en 2019. HRW revisó los documentos de la acusación y no encontró pruebas que respalden el cargo de terrorismo”, reza el reporte, poniendo como antecedente que la familia y el abogado del gobernador denuncian que no recibe el tratamiento adecuado por su problema de salud.

Asimismo, el reporte exhibe que la acusación de terrorismo contra Añez carecía de fundamento y era “extremadamente desproporcionada”, agregando que también otras acusaciones en su contra están definidas de manera muy amplia en la legislación boliviana como es el caso de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Ley.

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“En noviembre de 2019. Añez no pudo asistir personalmente a ese juicio, ya que los jueces dijeron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el juzgado”, enfatiza HRW.

Por otra parte, el documento también se refiere a César Apaza, líder de una asociación legal de cocaleros, quien se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2022 y que en ese lapso sufrió un derrame cerebral, así como también saltaron múltiples denuncias sobre tortura y malos tratos a los que fue sometido.

HRW se apega a lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, cuando se puso en manifiesto que “históricamente, el sistema de justicia de Bolivia ha sido explotado para dar cabida a los “intereses del poder político gobernante”, remarcando que el presidente Luis Arce no ha cumplido su promesa de reforma judicial para independizar el sistema de la política.

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Asimismo, ampliando su análisis también advierte que continúa el hacinamiento carcelario, la atención sanitaria inadecuada y el uso excesivo de la prisión preventiva, incluso contra líderes de la oposición, remarcando también que el 66% de los detenidos se encontraban en espera de juicio (datos de la Fundación Construir a diciembre de 2022).

Casi el 50% de los jueces en Bolivia siguen siendo “temporales”, dijo la CIDH en marzo. Casi el 80 por ciento de los fiscales también eran “temporales”, según reseña el informe, subrayando que estaba previsto que los bolivianos votaran en 2023 por los jueces del Tribunal Superior y los miembros del Consejo de la Magistratura.

“Las elecciones se han retrasado porque, por primera vez, el partido gobernante carece de la mayoría de dos tercios necesaria para seleccionar candidatos unilateralmente (...) La Constitución no prevé nombramientos temporales ni prórrogas de mandato en caso de que las elecciones no se realicen en el momento oportuno”, enfatiza una de las partes.

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