Cívicos anuncian reuniones con sectores ante rechazo del ‘paquetazo normativo’ del Gobierno

El ‘paquetazo normativo’ que impulsa el Gobierno de turno no pasa inadvertido por diferentes sectores sociales, que apuntan a sostener reuniones para elevar sus posturas al Comité pro Santa Cruz y así analizar las medidas a seguir como muestra de rechazo a los decretos y leyes que están en agenda, según el primer vicepresidente cívico Stello Cochamanidis.

El dirigente del Comité manifestó que las reuniones se llevarán adelante en lo que queda de la presente semana y también durante la próxima, ya los sectores movilizados consideran que se quieren dividir la archivada Ley 1386 en varias partes.

“El pueblo ya le dijo ‘no’ a la Ley 1386 hace dos años”, apuntó Cochamanidis en referencia al paro multisectorial que se llevó adelante en noviembre de 2021, por lo que ahora resurge el mismo sentir ante la aplicación de estas nuevas leyes, entre las que ya está en vigencia el Decreto Supremo 4906.

Tal decreto, según defiende el Gobierno, establece el congelamiento “inmediato” de cuentas y bienes derivados de las ganancias ilícitas, enfocándose en terroristas internacionales identificados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) y no así en transportistas y gremiales.

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Sin embargo, el dirigente de la Confederación de Gremiales, Toño Siñani, que puntualizó que la medida fue una “sorpresa” porque ni siquiera ha concluido ni ha avanzado el debate en la Asamblea Legislativa del proyecto de Ley 280, por lo que el sector se reunirá en un ampliado nacional para abordar este asunto.

Y es justamente la el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas otra de las normas en marcha que genera rechazo de los sectores, desde donde aducen que es una “copia fiel” de la archivada Ley 1386. El tratamiento de esta norma está en pausa en el Legislativo.

Al ‘paquetazo’ se suma el proyecto de ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, el cual tiene movilizado al sector de la prensa, ya que se observa que anula la Ley de Imprenta y amenaza a los periodistas con penas de cárcel.

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La norma en marcha que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales en todo el territorio del Estado, es decir, el proyecto de ley 304 también es motivo de controversia debido a que establece una pena de cinco a siete años de cárcel por el uso inadecuado de las redes sociales, lo que hace advertir que se quiere atentar contra la libertad de expresión por parte de sectores que rechazan esta propuesta.

Cochamanidis expuso que se quiere sobrepasar la voluntad del pueblo con la inserción de este paquete de leyes y sostuvo que el presidente Luis Arce debe enfocarse en gobernar para todos los bolivianos y no para un sector o para el beneficio de la militancia del masismo.

“Se analizarán con los sectores cada una de las observaciones y entre todos se tomarán determinaciones ante el rechazo que hay contra este paquete de leyes. Se quiere amordazar a la población para que no se manifieste ni en redes sociales ni en la calles”, cuestionó el cívico cruceño.

En las reuniones se prevé que los equipos jurídicos de cada sector exponga sus argumentos y lo que hará el Comité cívico es recoger estas inquietudes para analizar las medidas a seguir en adelante, en coordinación con el Movimiento Cívico Nacional, ya que “ningún sector está de acuerdo con este tipo de leyes”.

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