Empresarios privados deploran los avasallamientos y urgen al Gobierno sanciones drásticas

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) urgió al Gobierno sanciones “drásticas” para los responsables de los avasallamientos y la toma ilegal de tierra, pero sobre todo que sea “oportuno y eficiente para evitarlo”.

El pronunciamiento del sector privado surge horas después de los enfrenamientos en el avasallamiento del predio agrícola Santagro, ubicado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, donde fallecieron dos personas, según reportes de la Policía.

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“Deploramos los avasallamientos a la propiedad privada y la toma ilegal de tierras porque generan violencia e inseguridad y ponen en riesgo la producción y el trabajo. Pedimos que el Gobierno sea drástico para sancionarlos, pero sobre todo oportuno y eficiente para evitarlos”, se lee en el mensaje publicado por la CEPB la mañana de este viernes en sus páginas virtuales.

Las denuncias sobre avasallamientos son frecuentes en Santa Cruz y otros puntos del país. Guarayos concentra la mayor cantidad de denuncias.

Este viernes Uber Zambrano, representante legal de Santagro, advirtio que “la Policía se retiró del lugar” y que “otra vez los avasalladores están en la zona”.

Horas antes la Cámara Nacional Industria (CNI) y las cámaras departamentales de ese sector se pronunciaron sobre el mismo tema y advirtieron que los avasallamientos “atentan contra el derecho constitucional a la propiedad privada y generan alta inseguridad jurídica para la inversión, tanto de personas naturales como de personas jurídicas”.

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Asimismo, urgieron a las entidades del Estado que “intervengan de forma inmediata en estos hechos, hagan respetar el Estado de derecho y la propiedad privada, preservando la seguridad jurídica, e impongan sanciones con el máximo rigor y en el estricto marco de la Ley, para evitar una escalada de violencia e inseguridad jurídica”.

El incremento de los avasallamientos, principalmente a predios agrícolas, se ha convertido en una problemática compleja para el gobierno y los sectores económicos por su recurrencia y violencia.

Los grupos que toman las tierras en su mayoría están armados.

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El pasado 17 de diciembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que a escala nacional se registra un promedio mensual de 22 denuncias de avasallamientos de tierras.

Por su parte, los empresarios han exteriorizado en varias oportunidades su preocupación sobre este asunto debido a sus consecuencias sobre la seguridad jurídica, la inversión y la producción.

El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, en su discurso de posesión el pasado 15 de marzo, señaló que “la inversión privada está desprotegida no solo por la ausencia de normas que la defiendan y la incentiven, sino por el aumento de los avasallamientos, los bloqueos y los conflictos sociales que la ponen en peligro”.