Sector privado eleva cuatro propuestas con miras a reforzar la lucha anticontrabando

El sector privado pone cuatro propuestas sobre la mesa para reforzar la lucha contra el contrabando con miras a contrarrestar este ilícito que le significa a Bolivia más de $us 3.500 millones de pérdidas al año, así como otras afectaciones relacionadas a la estabilidad empresarial y laboral, según la información que manejan desde la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Es a través de esta entidad empresarial que se lanzaron las propuestas en un encuentro internacional que se desarrolló este jueves en La Paz y desde consideran que puede ser de aplicación inmediata para reforzar la lucha contra el contrabando, de acuerdo con la información expuesta por el presidente Pablo Camacho. Estas son:

1. Reactivar el Consejo Nacional de Lucha contra el contrabando, en que intervienen diferentes instituciones.

2. Modificar la normativa legal para reducir de 200.000 a 50.000 UFVs el valor del monto que sea considerado como delito aduanero.

3. Municipalizar la lucha contra el contrabando para que también se tenga a otros responsables en la lucha contra este ilícito.

4. Fortalecer los entes estatales con equipamiento y tecnología para efectivizar la lucha contra el contrabando, reforzando así al Viceministerio del área.

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“Es momento de implementar una diplomacia empresarial para efectivizar la lucha frontal contra el contrabando, para lo cual es necesario contar con información oportuna. El contrabando es el último eslabón de muchas actividades ilícitas”, señaló el presidente de la CNI.

Dentro de la afectación económica, Camacho resaltó que $us 950 millones del golpe del contrabando están relacionados con la evasión de impuestos, recursos con los que se podrían construir 10 hospitales de tercer nivel, ejemplificó el ejecutivo.

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Por citar otro escenario, desde la Cámara de Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol), el presidente Javier Lupo manifestó que el contrabando significan pérdidas sectoriales que oscilan entre los $us 80 millones y $us 85 millones, aunque el tema es aun más complejo debido a que el ingreso ilegal de medicamentos también genera riesgo sanitario.

Lupo señaló que los productos “de dudosa reputación, falsificados, vencidos o reempacados” pueden provocar daños a la salud e incluso la muerte, por lo que estos no cuentan con un registro sanitario correspondiente.

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Por otro lado, en Santa Cruz, en días pasados se gestó un encuentro con actores empresariales y autoridades del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando con miras a definir una agenda conjunta y asumir acciones contra esta actividad que golpea al aparato productivo nacional.

Se prevé replicar el encuentro el próximo 27 de junio con miras a profundizar los avances sobre este asunto que también amenaza a 2,6 millones de empleos y que se suma a la propuesta que maneja la CNI.

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