CAO pide parar la violencia aplicando la ley y plantea un registro para identificar a avasalladores

Desde la entidad señalan que la toma ilegal de tierra no debe quedar sin las consecuencias legales pertinentes y se debe asegurar que estas prácticas no sean recompensadas ni legitimadas

Publicado: 07/12/2023 17:09
[Foto: Iván Najaya] / En días pasados se volvió a registrar violencia y muerte en Guarayos debido a conflictos por tierra

“Instamos a la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales”, fue el pedido elevado este jueves por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), en un contexto en el que se reavivaron los conflictos por tierras y la amenazas contra la seguridad jurídica de la actividad del campo, según reportan desde la propia entidad.

A través un comunicado conjunto, la dirigencia de la CAO señaló que la finalidad de esta propuesta es que los episodios de toma violenta de tierras no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean recompensadas ni legitimadas, al igual que se demanda un freno a estas acciones violentas.

“Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia y de la inseguridad jurídica para los bolivianos; no es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”, reza el reporte de la institución.

Para los productores es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las comunidades sean detenidas, ya que el respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos.

“Expresamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia y de la inseguridad jurídica para los bolivianos; no es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica”, reza el reporte de la institución.

Para los productores es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las comunidades sean detenidas, ya que el respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos.

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“Desde aquel lamentable incidente del 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio gravemente comprometida, hemos sido testigos de un incremento de actos que desafían el orden y la ley. Esta tendencia alarmante debe ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes”, acota el comunicado.

Ante este escenario, desde la CAO exigen a las autoridades judiciales y gubernamentales que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas.

“Este es un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables sino también para prevenir la escalada de agresiones que amenazan nuestro tejido social. Nuestro compromiso es inquebrantable hacia la protección de la vida y la propiedad privada, la seguridad de las tierras fiscales y el resguardo de nuestras áreas de conservación”, reza otra parte del reporte.

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Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el director Mauricio Serrate señaló que, ante las amenazas de dirigentes interculturales hacia los actores del sector privado, existe preocupación por cualquier tipo de actitud o de acciones que están fuera de la ley.

Serrate sostuvo que las declaraciones de los dirigentes no se toman como una amenaza, ya que se dio una “condena a muerte”. “La inseguridad jurídica es un tema preocupante, así como la falta de capacidad de las autoridades en la toma de decisiones en cuanto a los avasallamientos, en cuanto a los bloqueos”, apuntó.

El ejecutivo advirtió que “no hay las acciones pertinentes que tiene que tomar la Policía nacional, o si no el Ministerio Público, contra todas estas personas que están cometiendo delitos. ¿Esto qué hace? Que la cuestión se desborde. Cada vez (los avasalladores) van más allá”.

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