A un mes de la intervención del Banco Fassil, la ASFI aún debe resolver temas pendientes

El extinto Banco Fassil cumple un mes de la suspensión de sus operaciones, tras la intervención que fue ejecutada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el pasado 26 de abril y que marcó el epílogo de una etapa que aún tiene temas que no fueron resueltos, tras concretar la migración cuentas y cartera crediticia a nueve entidades financieras.

“El Banco Fassil ha dejado de existir como entidad bancaria, ahora ha tomado la figura de (...) Banco Fassil en intervención. El interventor asume los derechos de los accionistas y las funciones de los directores, gerentes, ejecutivos y apoderados”, fue el anuncio lanzado en el mes de abril por el director ejecutivo de la ASFI, Reynaldo Yujra.

En esta línea, entre los temas pendientes y que están en marcha es la venta de los bienes inmuebles de la entidad financiera, así como el cierre de operación del fideicomiso con el que se están entregando los recursos a los ahorristas, el cual está bajo administración del Banco Unión.

Según la ASFI, la intervención fue una medida para proteger los ahorros de los usuarios, tras las denuncias por malas prácticas que se dieron en el interior de la extinta entidad. Además, trascendió que los activos ascendían a $us 3.867 millones y la cartera de depósitos alcanzaba los $us 2.700 millones.

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La falta de pago de sueldos y beneficios sociales es otro de los temas a resolver y que tiene movilizados a los trabajadores de la extinta entidad financiera, quienes impulsaron protestas en puertas de la ASFI en La Paz y que incluso bloquearon la ruta Santa Cruz - Warnes, en demanda a que se cumpla con las obligaciones asumidas por el interventor Carlos Alberto Colodro.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo anunció que se sumará las labores de instalación de una mesa técnica para este martes 30 de mayo a las 15:30, con miras solucionar conflicto con los funcionarios, tras una reunión que se sostuvo entre el interventor y representantes de los movilizados, que son más 4.500 personas.

De esta manera, se prevé que ambas partes definan “acciones mucho más efectivas y claras respecto a las alternativas de solución que hay en este conflicto”, señaló la Delegada Departamental de la Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, Sheila Gómez.

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“Hemos pedido información acerca de la situación de la seguridad social para que no se interrumpa la atención médica de los trabajadores especialmente para niños, madres y mujeres embarazadas y se nos ha informado que no se va detener esta atención y el resto de las demandas se irán atendiendo de la manera más pronta posible”, expresó la autoridad defensorial.

El interventor expuso en días pasados que los trabajadores deben estar tranquilos porque el exbanco tiene patrimonio, bienes e inmuebles, que actualmente están en un proceso de cálculo para saber a cuánto ascienden, mismos que se prevé poner a la venta para cumplir con las obligaciones respectivas.

En contraste, la ASFI ya concluyó el proceso de migración de las cuentas y son nueve los bancos que tomaron parte de esta labor: Banco Bisa, Banco de Crédito, Banco Económico, Banco Fie, Banco Ganadero, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional de Bolivia, Banco Unión y Banco Solidario (BancoSol).

Actualmente, los usuarios ya acuden a estas entidades tanto para ver el estado de sus recursos, que están garantizados con la activación del fondo de protección al ahorrista, como para retomar el pago de sus obligaciones crediticias.

De acuerdo con la información expuesta por la ASFI, la intervención se extendería por un lapso de 30 días calendario, en un plazo prorrogable por una sola vez.

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