Relación de Santa Cruz con el Estado: Plantean destrabar “candados legislativos y constitucionales” para “liberar la autonomía”

Después de más de 10 meses de trabajo, este lunes 13 de noviembre salió a la luz la presentación del proyecto final ‘Santa Cruz y su relación con el Estado’, bajo el paraguas de la institucionalidad cruceña y en donde se proyecta un nuevo orden jurídico constitucional que plantea adoptar medidas a corto y mediano plazo para liberar primero las autonomías y luego profundizarlas.

Así lo expuso el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, al referir que la integridad de la propuesta plantea acciones de índole jurídica, legal y constitucional “para contrarrestar el bloqueo normativo y administrativo del nivel central del Estado que impide el correcto funcionamiento de las autonomías”.

“De eso se trata, de romper leyes esclavizadoras. En eso consiste esta primera etapa. Una vez liberados los candados legislativos, avanzamos a la segunda fase que es liberar los candados constitucionales, activando, mediante referéndum, una modificación parcial y específica de la Constitución”, manifestó Larach.

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El Comité pro Santa Cruz encabezó los trabajos que se iniciaron después del cabildo del 13 de noviembre, en donde uno de los mandatos fue la convocatoria a una comisión constitucional que, en un marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano.

De ese trabajo surgió la identificación de los límites competenciales, planteando un nuevo menú para el diseño de la denominada “nueva relación”, mediante la profundización de las autonomías, como parte de un plan estratégico a consolidarse a mediano plazo.

Para expresarlo en modo más sencillo: la labor configuró un inventario de todos los candados legislativos que tienen clausuradas las puertas autonómicas y para ello, según Larach, ya se encontraron las llaves, los responsables, las acciones y las herramientas para abrir cada uno de esos candados.

“Puerta por puerta y todo a su tiempo. Algunas de estas llaves activarán recursos de inconstitucionalidad, propuestas de modificación, eliminación parcial o total de las leyes que nos tienen esclavizados al centralismo.”, remarcó el presidente del Comité.

En un primer tramo, la estrategia está referida a la implementación de diez específicas medidas de orden jurídico, administrativo y normativo, sin cambiar la Constitución.

Para la segunda fase se incluyen dos importantes transformaciones que también identifican acciones, responsables y resultados, previa modificación parcial de la Constitución, incrementando de 36 a 57 las competencias exclusivas del gobierno departamental autónomo y aumentar de 43 a 48 las competencias exclusivas del nivel municipal.

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Así también, Larach explicó que la hoja de ruta apunta a realizar modificaciones concretas en el régimen de competencias concurrentes y compartidas, replanteando quién legisla, quién reglamenta y quién ejecuta.

“En esta segunda fase también se incluye un proceso descentralizador de las principales instituciones estatales, así como el procedimiento previo al nombramiento de autoridades administrativas, judiciales y electorales departamentales que les dote de una mayor autonomía técnica, administrativa y legal”, remarcó el dirigente.

No obstante, el cívico sostuvo que hay un desafío que debe ser alcanzado previamente: la unidad, entre las fuerzas democráticas y, por tanto, un proyecto único, cohesionador y fortalecido.

Ello implica, según su explicación, despojarse de caudillismos, mezquindades y pretensiones personales. Implica, desprendimiento, apertura y coincidencia en torno a la causa mayor por la democracia y la libertad.

“Tenemos aquí la herramienta constitucional, jurídico y normativa, además, la legitimidad de las propuestas construidas por cientos de personas e instituciones que han trabajado en el proyecto durante estos diez meses”, complementó.

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