Situación de Camacho y Carvajal evidencian el “patrón de conducta” del Gobierno, asegura el asesor de la Gobernación
Las imágenes del gobernador cruceño, visiblemente demacrado y la situación de la activista de los derechos humanos, sin acceso a servicios sanitarios y hace 11 días en huelga en una terraza, han generado reacción desde diferentes frentes políticos
A punto de cumplir siete meses en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, atraviesa por el momento más crítico de su encierro. El miércoles asistió a una audiencia virtual en la que se lo vio demacrado y con una evidente pérdida de peso, las imágenes causaron preocupación y confirmaron lo que su familia venía denunciando hace semanas, que su salud se deteriora cada vez más.
El Gobierno, desde la Dirección General de Régimen Penitenciario, respondió que “ningún otro privado de libertad tiene la atención” que tiene Luis Fernando Camacho y negó las versiones de la familia sobre la falta de acceso a la salud. Señalaron que fue él quien rechazó de manera constante la visita de los médicos que quisieron evaluarlo y que no tiene restricción de visitas.
La familia ha desmentido esta versión, señala que se ha negado el ingreso a especialistas para que verifiquen su verdadero estado de salud. “No es cualquier médico” el que debe hacer los análisis, advierte Efraín Suárez, asesor de la Gobernación cruceña y uno de los pocos que puede verlo. Agregó que tras conocerse las imágenes del Camacho, Régimen Penitenciario recién autorizó que ingresen un fisioterapeuta y un nutricionista, cuando lo que se necesita es un inmunólogo. “Aquí vemos claramente con esto que el Gobierno maneja de forma irresponsable la salud del gobernador”, lamentó.
Además, se ha negado a Camacho la posibilidad de que sea trasladado a un centro hospitalario especializado para que se hagan todos los análisis para conocer su real estado de salud. “Él, hasta hoy, nunca recibió una atención de salud adecuada”, denunció su familia en una carta pública leída el jueves.
No es la primera vez que Régimen Penitenciario es cuestionado a propósito de cómo gestiona la salud de un reo. Jeanine Añez intentó varias veces sin éxito ser trasladada a un hospital para recibir atención médica durante sus más de dos años de encierro, incluso en febrero de 2022 cuando ya existía un fallo judicial a su favor para que sea internada un juez revocó la decisión luego de que la gobernadora del penal de Miraflores no autorizara su salida. El argumento fue que en las afueras del recinto había una protesta en contra de la exmandataria.
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Para Efraín Suárez, el colaborador más cercano de Camacho desde que está en la cárcel, hay más ejemplos de la severidad de cómo actúa el Gobierno con los que se le oponen, es el caso de la activista Amparo Carvajal, que se encuentra hace once días en la terraza del edificio de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, con el objetivo de recuperar el inmueble tomado por los que ella asegura son un grupo afín al Movimiento Al Socialismo.
Carvajal, de 84 años, no tiene acceso al baño, hace sus necesidades en un pañal y corre riesgo de infecciones, han advertido los médicos. Duerme a la intemperie en pleno invierno en La Paz.
El Gobierno ha asegurado que este es un “asunto entre privados” y por eso no puede inmiscuirse, pese a ello intentó conversar con ella el jueves cuando una autoridad del Ministerio de Salud subió hasta la terraza, usando una escalera, para conversar con ella y pedirle que sus médicos la evalúen.
La Justicia ordenó que Carvajal no sea víctima de acoso, sin embargo en los exteriores del edificio el grupo paralelo de la Asamblea protesta contra ella y en el interior hay 40 personas que se niegan a abandonar el edificio, cinco de ellas se han declarado en una huelga de hambre defendiendo a su líder Edgar Salazar.
“Estamos en un país donde la justicia no acompaña a nadie, ya vemos el caso de la señora Amparo Carvajal, una señora de 84 años que está exponiendo su salud y su vida. Este es un caso de muchos, el gobernador es también un caso de este patrón de conducta que tiene el Gobierno y tiene la justicia”, señala Efraín Suárez.
El senador del MAS, Félix Ajpi, dice que Carvajal debe retirarse porque “devalúa” la imagen de la Asamblea “Ya no hace ninguna actividad de derechos humanos. Se ha convertido en una célula de un partido de la derecha, que ha apoyado la masacre de los pueblos”, por lo que justifica que se haya tomado el edificio de la Apdhb.