Un litro de diésel boliviano que sale de contrabando a Perú llega a venderse hasta en Bs 6.80

En medio de la coyuntura que gira en torno al contrabando de combustibles, una investigación impulsada por UNITEL develó que el litro de diésel boliviano subvencionado en territorio peruano tiene un valor de 2.90 soles, es decir, Bs 6.80. La cifra es superior a los precios que se tienen en Bolivia, donde de manera legal se paga Bs 3,75 por litro.

Según datos expuestos por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, en un lapso de tres meses se detectó la salida de 4 millones de litros de combustible vía contrabando.

Una vez el combustible llega a la zona de Desaguadero, los contrabandistas optan por cruzar el río que divide a Bolivia y Perú, una frontera natural que está a la vista de todos, al igual que cruzan por el puente internacional que es utilizado por el transporte pesado.

La investigación ejecutada en días pasados exhibe que camiones con placa boliviana están involucrados: circulan con hasta dos tanques llenos de diésel subvencionado y los contrabandistas peruanos tienen listo un motor y una manguera con la que “chupan” todo el combustible para revenderlo.

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Ya en territorio peruano, los miembros de las redes de contrabando pagan 580 soles por 200 litros de diésel boliviano para posteriormente vender esta misma cantidad en 800 soles, es decir, les significa una ganancia de $us 75 por cada turril comercializado.

El contenido de los turriles va a galones de 4 litros y el precio llega a 21 bolivianos, es decir 8 bolivianos menos del valor del diésel peruano, esa ganancia de más de un dólar por galón es para los contrabandistas.

Desde la ANH, el director ejecutivo advirtió que está prohibido transportar, almacenar o comercializar combustibles si no se cuenta con la autorización correspondiente, bajo riesgo de ser denunciada por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y recibir sanciones entre 4 a 8 años de cárcel.

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En una entrevista con el aparato de comunicación estatal, el ejecutivo señaló que hasta la fecha se ejecutaron 638 operativos, se clausuraron tres surtidores y se detectaron 656 instrumentos de contrabando, un inmueble incautado por servir al desvío de combustible y existen otras 27 estaciones de servicios del plan soberanía que se encuentran resguardadas por 138 efectivos para evitar el contrabando a otros países.

Asimismo, Jiménez apuntó que unos 50 vehículos ‘lecheritos’ (que realizan varias cargas) fueron enviados al Ministerio Público, de los cuales 10 ya tienen un proceso y el resto está en fase de notificación por cargar en tres meses cerca de 4 millones de combustibles sin especificar motivo ni destino.

Sin embargo, la afectación por el contrabando continúa siendo un problema latente que le significa al Estado pérdidas por $us 250 millones y mientras los contrabandistas hacen fila para vender el carburante en territorio peruano, los usuarios en Bolivia hacen fila en los surtidores en busca de ser abastecidos.

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