Caso Amaszonas: Instalan audiencia de amparo constitucional por retiro de matrículas a cuatro aeronaves

Día clave para la aerolínea privada Amaszonas. Este martes poco después de las 14:00 se instaló la audiencia en la que se debe resolver un amparo constitucional que resolverá si se aplica o se deja sin efecto el retiro de matrículas a cuatro aeronaves que están en conflicto, resolución vigente desde el 8 de agosto y que fue establecida por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Las acciones se llevan delante de forma virtual y sin acceso para los medios de comunicación. Mientras tanto, los vuelos de Amaszonas se mantienen en suspenso a la espera de una solución al conflicto.

Las cuatro aeronaves a las que se les revocó la matrícula después de que la empresa arrendadora solicitó a la DGAC impulsar estas acciones debido a que no hay un contrato vigente, por deudas contraídas por la firma privada por más de $us 17 millones, según la información que maneja el Gobierno.

Desde el Gobierno central, el viceministro de Transporte, Wilfredo Gutiérrez, confirmó la presencia del equipo jurídico de Obras Públicas con la premisa de demostrar los argumentos técnicos que conllevan al retiro de matrículas, así como instan a la autoridad jurisdiccional a hacer un análisis profundo de la situación para no poner en riesgo la categoría aérea de Bolivia.

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“Se va a demostrar que se está actuando de acuerdo a ley y tratados internacionales”, apuntó el viceministro previo al inicio de la audiencia, señalando que se debe actuar de acuerdo a derecho y precautelando la seguridad de los usuarios.

Por su parte, el gerente general de Amaszonas, Dardo Gómez, señaló que se pidió la restitución de garantías constitucionales por vulneración al debido proceso, por violaciones a principios fundamentales, como de imparcialidad o de buena fe, acotando que no se han desconocido las deudas en ningún momento.

“Como la mayoría de las empresas del sector aeronáutico, el post pandemia ha sido muy complicado, pero en el caso específico que se ha tratado, la DGAC ha actuado sin competencia de autoridad para conocer sobre controversias en el ámbito financiero o sobre rescindir unilateralmente un contrato entre privados”, apuntó el ejecutivo.

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Según Gómez, la DGAC vulneró el debido proceso, alterando los plazos administrativos establecidos en la ley (Ley 2341 establece plazo de 10 días), inventando cinco días, que son inexistentes en la normativa.

“Existe una medida de suspensión temporal de las resoluciones ilegales y en una muestra de abuso de autoridad decidieron no acatar la misma, algo insólito ante una medida de Sala Constitucional, presentando un cuadro de indefensión total”, concluyó Gómez en una publicación difundida en redes sociales.

La audiencia tiene en un lado al Ministerio de Obras Públicas, Procuraduría General del Estado, DGAC, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) y Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y del otro lado a Amaszonas.

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