Justicia ordena al alcalde de San Ignacio asumir acciones contra avasallamientos en el Bajo Paraguá
Este viernes se admitió la acción de cumplimiento que fue interpuesta por la diputada María René Álvarez (Creemos) y que determina asumir acciones para proteger esta reserva forestal
La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz admitió este viernes la acción de cumplimiento que instruye al alcalde del municipio cruceño de San Ignacio de Velasco, Carlos Ruddy Dorado, actuar legalmente contra los avasallamientos y toda toma ilegal de la reserva forestal de Bajo Paraguá.
“Se ordena al alcalde de San Ignacio de Velasco que tome las acciones positivas encaminadas a proteger el medio ambiente en la reserva forestal Bajo Paraguá y que tome las acciones necesarias para evitar asentamientos en el lugar”, reza la resolución que vio la luz este viernes.
La determinación de la justicia también instruye al alcalde ignaciano ejercer las acciones legales frente a cualquier acto de avasallamiento o adherirse a la denuncia que es impulsada por la Gobernación de Santa Cruz.
Esta acción de cumplimiento fue impulsada por la diputada María René Álvarez (Creemos), quien exigió acciones concretas establecidas en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa ambiental en vigencia para frenar la toma ilegal de predios en el área forestal.
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Según la legisladora, esta disposición judicial instruye al alcalde de San Ignacio de Velasco el desalojo de toda persona que incurra en la tala de árboles y el desmonte, acciones legales que deben imponerse en coordinación con la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT).
Asimismo, se instruye la aplicación de la Ley Autónoma Municipal en beneficio del Área Municipal Protegida del Bajo Paraguá, no sólo por la vía administrativa, sino también por la vía ordinaria a objeto de garantizar las acciones operativas en su conjunto.
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De acuerdo con los antecedentes, la parlamentaria explicó que las acciones de defensa de Bajo Paraguá surgieron tras una denuncia de avasallamiento que data de agosto de 2021, cuando pobladores originarios, de autoridades regionales y guardias forestales fueron emboscados por un grupo de avasalladores de los denominados “interculturales”
El Área Protegida Municipal del Bajo Paraguá adquirió su rango de reserva forestal mediante la Ley Autonómica Municipal 469/2021 del 28 de enero de ese año y comprende una superficie de 76.693,37 hectáreas que pasaron a depender de la Alcaldía ignaciana; por tanto, es el territorio que ahora deberá ser protegido con la resolución de la Acción de Cumplimiento de este 20 de octubre.
“Este es un fallo histórico para la protección de nuestros recursos naturales y nuestros bosques, pero también es un antecedente para defensa de las comunidades indígenas de nuestra Chiquitania que se ven amenazados y expulsados de sus propias tierras por estos grupos de avasalladores violentos”, expresó la diputada.
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