Jhonny desvirtúa denuncia sobre el contrato de aseo urbano y la califica de jugada política

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, descalificó la denuncia que fue sentada por la bancada de Comunidad Autonómica (C-A) del Concejo Municipal en el que se exponen presuntas irregularidades detectadas en el contrato de aseo urbano y sostuvo que la situación tiene “tintes políticos”.

La denuncia emerge después de que la Contraloría lanzó una serie de observaciones al contrato de aseo de la capital cruceña, donde resalta el sistema de garantías adoptado en las condiciones del contrato y que no se ajustaría a la Ley, según C-A. Por este motivo se sentó una denuncia contra la gerente de Emacruz, Andrea Hoyos, y otros funcionarios de la entidad, así como también los representantes de las empresas que se adjudicaron el contrato.

“(Las denuncias) siempre caen en saco roto porque son políticas, las denuncias deben ser sustentadas. Los procesos de contratación tienen normativas y nosotros nos basamos en las normativas. Cumplimos las leyes”, señaló Johnny ante la consulta de los periodistas.

El burgomaestre acotó que si los concejales tuvieran alguna observación o necesitan que sus interrogantes sean respondidas hubiesen hecho una petición de informe, pero en vez de esto “se han ido directo a denunciar”, pero restó importancia al exponer que existen pruebas, procesos y contratos que exhiben la transparencia que amerita el caso.

A su turno, Andrea Hoyos señaló que se solicitó a la Contraloría del Estado iniciar la auditoría interna a los dos procesos de licitación internacional que se adjudicaron los operadores privados de los sectores A y B, en lo que respecta al aseo urbano.

Hoyos aseguró que Emacruz, como empresa descentralizada, está predispuesta a brindar la información que requieran los concejales, como órgano fiscalizador, siempre que lo soliciten para despejar dudas.

“Nosotros hemos solicitado el inicio de auditoría interna, ya que fueron concluidos los dos procesos con la suscripción de los contratos y los resultados pueden tomar entre tres y seis meses”, concluyó Hoyos.

La denuncia acusa a Hoyos y a otros funcionarios por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, contratos lesivos al Estado, falsedad ideológica, sociedad o asociaciones ficticias, asociación delictuosa y uso de instrumento falsificado.

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