Hubo ineficiencia en los casos previos al infanticidio de José Andrés, admite Lima, que no confirma procesos a jueces

Bolivia cerró la última semana con el saldo trágico del asesinato de seis mujeres y tres menores de edad, crímenes que ocurrieron en cuatro departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En estas muertes violentas, hay solo dos prófugos, informó el ministro de Justicia, Iván Lima, que remarcó que en todos estos hechos se realiza un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía para que ninguno quede en impunidad.

Sin embargo, admitió que en un episodio en particular -la muerte del niño José Andrés Serrudo, ocurrida en Santa Fe, en el municipio cruceño de San Carlos- hubo ineficiencia en el sistema penal en los procesos previos que se abrieron contra Ruddy Yáñez, el hombre que agredió sexualmente al pequeño niño y que terminó asesinándolo.

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En el detalle expuesto por la autoridad, manifestó que un primer caso se inicia el 24 de diciembre de 2017 y que, entre ese año y 2023 “el sistema penal no solo no es eficiente para no lograr una sanción, sino que le otorga una serie de medidas a favor de la persona acusada del crimen”.

Yáñez estaba siendo juzgando por una tentativa de violación de una menor de 14 años, indicó el ministro, y esto no se le informa al registro de antecedentes penales siendo que había una declaratoria de rebeldía desde el año 2021.

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“Una situación muy grave que se ve en otro caso, también por tentativa de violación” en el que “se da una situación que es muy irregular” teniendo en cuenta que el 23 de julio de 2018, “el fiscal Lucio Hinojosa presenta resoluciones sobreseimiento que tiene que ser revocada luego por el fiscal departamental y nuevamente en este caso el imputado es declarado rebelde”, indicó.

“Tienes dos declaratorias de rebeldía y no había ninguna ejecución de esos mandamientos. Se le ha entregado de parte del poder judicial a la Fiscalía los mandamientos de aprehensión en 2021 y 2022 y durante este tiempo no se han ejecutado, y lo más grave, no se ha notificado al registro judicial de antecedentes penales”, dijo Lima en entrevista con UNITEL.

“Una situación muy grave que se ve en otro caso, también por tentativa de violación” en el que “se da una situación que es muy irregular” teniendo en cuenta que el 23 de julio de 2018, “el fiscal Lucio Hinojosa presenta resoluciones sobreseimiento que tiene que ser revocada luego por el fiscal departamental y nuevamente en este caso el imputado es declarado rebelde”, indicó.

“Tienes dos declaratorias de rebeldía y no había ninguna ejecución de esos mandamientos. Se le ha entregado de parte del poder judicial a la Fiscalía los mandamientos de aprehensión en 2021 y 2022 y durante este tiempo no se han ejecutado, y lo más grave, no se ha notificado al registro judicial de antecedentes penales”, dijo Lima en entrevista con UNITEL.

¿Habrá sanción a jueces?

Lima señaló que en los casos que se le seguía a Yáñez “no había nada que investigar, no había ninguna situación que impida la realización del juicio”, y que lo que ha ocurrido es que “por la recarga procesal o por algún otro factor, en ambos juzgados no han llevado adelante el juicio oportunamente y han emitido los jueces los mandamientos de rebeldía. Luego la Fiscalía y la Policía tendrían que haberlas ejecutado y eso no ha ocurrido”.

Al ser consultado sobre si se aplicará sanciones a los administradores de justicia, indicó que se debe entender que han habido varios jueces que han intervenido: uno en la etapa preparatoria, otro en el juicio y “la determinación de lograr no detención preventiva, sino una cesación, está prevista en la ley”.

Otro punto que expone es que no aplica el delito de prevaricato porque este se persigue cuando un juez falla expresamente en contra de la ley.

“Acá ha habido un problema en el funcionamiento del sistema penal que ha hecho que algo que ha ocurrido en 2017 no tenga juicio hasta 2022 y ahí la respuesta no es únicamente de la responsabilidad del juez que ha conocido el caso, es un problema estructural que lo venimos reclamando hace tiempo”, afirmó.

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Lima manifestó que la situación que se tiene ahora es el crimen cometido por una persona que tenía dos mandamientos de aprehensión y que no debió estar en las calles, “esa situación es responsabilidad de quién no ejecuta el mandamiento, de quién lo emite tarde, no es una respuesta única la que se pueda dar”.

“No excluyo la responsabilidad de los jueces, no es posible que un caso tan sencillo dure seis años, pero ellos emitieron el mandamiento de aprehensión y esos tienen que ser informados al registro de antecedentes penales, eso es donde demoraron, en esta instancia fue ineficiente al momento de otorgar información sobre ese antecedente y la ejecución de los mandamientos es responsabilidad de la Fiscalía y la Policía”, enfatizó.

Sobre las medidas de fondo que se deben materializar para evitar más hechos similares que impliquen muertes violentas de mujeres y niños, Lima remarcó que se ha planteado el fortalecimiento a la ley 348, tener una ley más dura sobre los crímenes contra menores por lo que se ha presentado una ley de imprescriptibilidad, pero que aún no ha sido tratada por la Asamblea Legislativa Plurinacional.