A cuatro días de la toma: Carvajal activa acción legal mientras Salazar se atrinchera en la APDHB
Amparo Carvajal reclamó que hace más de 86 horas intenta ingresar a sus oficinas. Mantiene la vigilia en puertas de la APDHB con la esperanza de que las acciones judiciales que impulsa logren resultados favorables.
Publicado: 06/06/2023 12:56
Las puertas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se mantienen cerradas para Amparo Carvajal, quien pese a probar varias llaves no puede ingresar a esa dependencias. En ese marco, activó un amparo constitucional para exigir la restitución de sus derechos
El bloque paralelo liderado por Édgar Salazar destrozó las chapas y usa la puerta trasera para ingresar a las dependencias que tomó la mañana del viernes por la fuerza.
Pese al compromiso de la Policía, Carvajal reclamó que hace más de 86 horas intenta ingresar a sus oficinas y mantiene la vigilia “atrás y adelante” con la esperanza de que las acciones judiciales que impulsa logren resultados favorables.
“Ayer se presentó un amparo constitucional, esperemos que esto vaya avanzando”, indicó la vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.
La activista indicó que “a nivel de Derechos Humanos tenemos un alto nivel de preocupación por todo lo que está aconteciendo.
“Ya se han presentado las denuncias correspondientes a la Fiscalía, esperemos que se actúe desde el ámbito legal”, señaló.
Paralelo
El lunes, Salazar rechazó las denuncias sobre la toma de la APDHB y anunció que demostrará con documentos en las instancias pertinentes que tiene su supuesta representación es legal.
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“Tenemos la representación legal ante el SIN, el acta de elección, posesión y la convocatoria a congreso debidamente reflejada conforme establecen nuestros estatutos y reglamentos aprobados el 2014 por la señora Amparo Carvajal y Yolanda Herrera, estatutos que hoy pretenden desconocer de manera irregular”, aseguró.
Herrera anunció que los activistas de derechos humanos que respaldan a Carvajal se movilizan en varias regiones del país para exigir “una solución pacífica en el marco de lo que pueda restituir la ley”.
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