Se instaló la audiencia de acusados de supuestamente financiar material para incendiar la Fiscalía cruceña

Este viernes la justicia definirá si Marcelo U., y otro acusado por este caso se defenderán en libertad y si se les dictará detención preventiva

Publicado: 10/03/2023 17:17
[Foto: Silvia Gómez] / Los aprehendidos están frente a un juez cautelar

La tarde de este viernes se inició la audiencia cautelar que definirá la situación de dos de dos personas que fueron aprehendidas en días pasados y que han sido acusadas de presuntamente financiar los materiales con los que se incendió la Fiscalía de Santa Cruz en finales de diciembre de 2022, tras la aprehensión del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

Marcelo U., uno de los aprehendidos, negó haber participado de las movilizaciones y descartó cualquier financiamiento a los hechos de los que se le acusa. Agregó también que no tiene ningún vínculo de familiar o de amistad con Camacho.

La incendio en la Fiscalía se produjo cuando una gran cantidad de personas en la capital cruceña se movilizó en protesta por la aprehensión del gobernador, Luis Fernando Camacho.

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Durante las protestas varias personas se congregaron en el Cristo Redentor y se iniciaron también enfrentamientos con la Policía, cuyo comando se encuentra a pocos metros de este punto de encuentro de movilizaciones.

Fue durante esos enfrentamientos que se reportó el incendio de las dependencias del Ministerio Público.

Una semana después del incendio, reapareció el fiscal departamental, Roger Mariaca, informando que las pérdidas sumaban 37.5 millones de bolivianos. Los principales daños se produjeron en la infraestructura y en vehículos que estaban en el edificio del Ministerio Público.

El jueves el fiscal general, Juan Lanchipa, explicó que los delitos que se investigan por el incendio son siete: destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; instigación pública a delinquir, incendio, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

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