No solo es el cártel PCC, hay otras organizaciones criminales operando en Bolivia, según analista

La presencia en Santa Cruz de Igor Oliveira, un sujeto con un amplio prontuario y señalado de ser líder del cártel brasileño Primer Comando Capital (PCC) en Mato Groso, ha encendido las alarmas sobre lo que implica tener la presencia de esta organización criminal en el país, pero más grave aún es que esta no sería la única banda internacional que se hubiera asentado en Bolivia, o que tenga en sus planes hacerlo, apuntó el abogado penalista, Cristián Sánchez.

Ahora, resulta muy llamativo que Oliveira haya pretendido “establecer mayores nexos de seguridad o reclutar gente en Bolivia” lo que “da cuenta inequívocamente de la presencia del PCC y de otros carteles transnacionales, como el Comando Vermelo, incluso el cartel de Aragua Venezolano en el país”.

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“Lo que sucede es que hace ya bastantes años, prácticamente cinco años, el PCC está establecido de manera sistemática, permanente en Bolivia. O sea, no es nuevo que el PCC, como una organización criminal transnacional dedicada a cometer crímenes mayores, sobre todo el traseo de droga, esté establecido en Bolivia”, dijo Sánchez.

Si bien, el abogado penalista señala que al momento no hay pruebas fehacientes que estas organizaciones operen en Bolivia, “sí existen varios estudios académicos y la propia información que maneja el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno”, sobre la presencia en el país de “estos cárteles, organizaciones criminales transnacionales”.

Sin embargo, puntualiza en cuanto a la neutralización de estos grupos irregulares, “estamos todavía al debe”, puesto que otros países como Chile, tienen un diseño institucional adecuado para luchar contra el crimen organizado.

“El hecho de luchar contra el crimen organizado no implica una investigación tradicional tradicional o un justiciamiento tradicional, sino una judicialización muy especializada que debe afectar, por supuesto, a toda la estructura criminal”, apuntó.

Tendrá algo que ver con ya ciertos crímenes relacionados con cicatriatos en la frontera? Todo está conectado, Gabriela. El PCC en Cáceres en el último año ha cometido alrededor de 66 homicidios. Y en el lado boliviano, en San Matías, todos conocemos que prácticamente por mes se dan asesinados todos o casi todos vinculados a ajustes de cuentas sobre cuestiones pendientes de narcotráfico.

Entonces, toda esa región es un tránsito, es una ruta que se ocupa para el trasiego de estupefacientes, para el intercambio de legitimación de ganancias ilícitas o para el trasiego eventualmente hasta de personas, ¿no? Es una región caliente, roja en cuanto al desbande del crimen organizado y de delitos graves.

“En tal razón, Santa Cruz también está conectada a esa ruta criminal y por supuesto es de interés de la organización criminal transnacional establecer o fortalecer su vinculación con la ciudad a través de la presencia de estas personas”, manifestó.

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Con estos antecedentes ¿Cómo se frena y se evita que carteles se asienten a operar en nuestro país?, según Sánchez es una pregunta que tiene diferentes respuestas y una de ellas es el compromiso serio, ético y moral de las autoridades de persecución penal, entre los que se incluyen jueces, la Fiscalía, Policía, “en cuanto a no ser permeables a la intimidación, no ser permeables a la corrupción, porque entender a una organización criminal tiene altísimo poder de fuego, pero también altísimo poder económico para corromper”.

Por otro lado, luchar contra el crimen organizado implica tener alta tecnología, apuntó el abogado penalista al indicar que la investigación clásica de toma de declaraciones, de acumular documentación, “es totalmente irrelevante a la hora de tener una lucha frontal y efectiva contra el crimen organizado”.

“Para luchar contra el crimen organizado, el Estado debe tener mucha tecnología, capacitación, por supuesto, de los fiscales, de los jueces, ese compromiso que decía, y estar a la vanguardia de las posibilidades tecnológicas y forenses que nos da finalmente el primer mundo”, remarcó.