Las claves del caso de la supuesta compra irregular de un carro bombero por el que ya hay un funcionario encarcelado

Conozca el detalle por el que el director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña fue enviado preventivamente a Palmasola tras una denuncia del diputado masista Rolando Cuéllar

Publicado el: 25/09/2022
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Soljancic (izq.) es el primer detenido del caso tras la denuncia del diputado Cuéllar (der.)

La supuesta compra irregular de un carro bombero en la Gobernación de Santa Cruz tiene un primer investigado tras las rejas. Se trata de de Alejandro Soljancic, director de Seguridad Ciudadana del ente departamental, quien fue enviado de manera preventiva a la cárcel de Palmasola por 180 días.

Pero, ¿de qué trata este caso y por qué se acusa el funcionario? La denuncia por la supuesta compra irregular del vehículo saltó en agosto de este año, días después del incendió que arrasó con parte del mercado Mutualista de la capital cruceña.

El denunciante fue el diputado Rolando Cuéllar, del Movimiento Al Socialismo, quien acusó al gobernador Luis Fernando Camacho por la compra del vehículo a una supuesta empresa fantasma. El valor del carro bombero, según la denuncia, es de Bs 1,73 millones y el legislador adujo que había retraso en la entrega del mismo.

No obstante, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho anunció en días pasados que la entrega está prevista para la segunda mitad de octubre del presente año y que la adquisición del motorizado se dio ante un pedido de la Policía, entidad desde la que adjuntaron dos proformas.

“El carro bombero fue pedido por la Policía Departamental y en ese pedido adjunta dos proformas, fue la Policía que hace la cotización y la envía a la Gobernación, nosotros tomamos la más baja y aun así bajamos un poco más el precio y a partir de ahí el procedimiento administrativo ha sido dentro del marco de la norma”, señaló Camacho.

La primera autoridad departamental explicó que el carro bombero, de procedencia americana, está siendo ensamblado en México, tiene previsto ser entregado el 19 de octubre, de acuerdo con los plazos presentados por la misma empresa.

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Soljancic es acusado por ser uno de los responsables y firmantes de la adquisición de esta compra, ya que es funcionario de la unidad solicitante, dejando de lado la licitación pública, según la denuncia del diputado del MAS, que también incluye en la querella al propio gobernador, a Miguel Navarro (asesor de la Gobernación) y el empresario responsable de la empresa a la que se compró el vehículo.

“El diputado Rolando Cuéllar no investigó la documentación del caso y por lo tanto hizo una denuncia falsa. Como lo hemos manifestado, el proceso de compra del carro bombero cumple con toda la normativa vigente y la Gobernación nunca se ha apartado de este procedimiento”, explicó por su parte Efraín Suárez, asesor de Gestión de la gobernación

Suárez agregó que, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 264), la Gobernación destina el 10% del IDH al Comando de la Policía para el equipamiento en tareas de seguridad ciudadana y todo se dio dentro de ese marco.

Soljancic fue aprehendido el viernes pasado en el Cambódromo, mientras organizaba el desfile cívico por el 24 de septiembre y fue enviado a Palmasola al día siguiente, después de ocho horas de audiencia.

Según la orden de aprehensión, se acusa al funcionario de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, malversación de fondos y contratos lesivos al Estado.

No obstante, la imputación formal se dio por los primeros tres delitos aludidos, según explicó a Unitel el abogado del acusado, Carlos Hugo Vaca.

“No ha habido irregularidades porque la Ley a él lo faculta de hacer adquisiciones y compras directas porque se trata de Seguridad Ciudadana, sin una licitación previa”, apuntó el jurista.

La Ley 264 sostiene que al ser la seguridad ciudadana una prioridad nacional, en el marco de la seguridad interna del Estado, se autoriza a las entidades territoriales autónomas la contratación directa para proyectos de inversión y motorizados en el marco del plan nacional y los planes de las entidades territoriales autónomas de seguridad ciudadana.

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