Gobierno dice que el informe de la CIDH sobre el caso Rosza fue declarado en “reserva” y por eso no puede pronunciarse
El Órgano Ejecutivo confirmó la existencia del informe referido a los sucesos en el hotel Las Américas en abril de 2009, pero señala que no puede pronunciarse porque el documento fue declarado en reserva
El Gobierno “no puede emitir ningún criterio” sobre el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), referido al caso Rosza, porque se encuentra “bajo reserva y confidencialidad”, informó este lunes el Ministerio de Justicia.
“Respetuoso del Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, no puede emitir ningún criterio ya que el mismo aún se encuentra en el marco de la reserva”, afirmó el Ministerio en un comunicado de prensa.
El documento que fue filtrado el domingo, señala entre sus conclusiones que el Gobierno del entonces presidente Evo Morales ordenó de manera unilateral que se ejecute, sin que exista intervención de la justicia ni la Fiscalía, un operativo contra un presunto grupo armado que se alojaba en el hotel Las Américas en la capital cruceña. Señala que esta acción policial se produjeron ejecuciones extrajudiciales y torturas.
“Respecto al Informe Final de la CIDH, CASO 13.546 se informa que el mismo se encuentra bajo reserva y confidencialidad”, añade el Ministerio de Justicia.
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Evo también se pronunció
Evo Morales se pronunció este lunes respecto a la filtración del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el operativo ejecutado el 16 de abril de 2009 en el hotel Las Américas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Morales denunció que “operadores del plan negro al ver que fracasó investigación y acusación con cartas falsificadas para proscribir al MAS-IPSP y su dirigencia nacional, ahora tratan de direccionar caso de Terrorismo Separatista en nuestra contra”.
El informe filtrado de la CIDH brinda cuatro recomendaciones al Gobierno para que el Estado evite ir a un juicio internacional, entre ellas que se ordene una investigación que sancione a los responsables de las muertes y torturas. Expertos consideran que esto puede afectar a Evo Morales ya que reconoció públicamente que ordenó el operativo.
“No tenemos ningún miedo. Es obligación moral, política y legal defender la unidad de la Patria”, añadió Morales en el tuit.