Fiscalía decreta sobreseimiento de los acusados por el caso coimas en la ABC y señala a testigo fallecido como “extorsionador”

La comisión de fiscales que investiga el caso coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) decidió decretar el sobreseimiento de los imputados por el caso coimas, como se conoce al proceso sobre el presunto pago de sobornos a una empresa china para que se adjudique un proyecto carretero en el departamento de Chuquisaca.

El decreto de sobreseimiento se dictó a favor de: Cristian Mendieta, exgerente técnico de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); el ciudadano chino Zhengyuan Jin, exrepresentante de la empresa china Harbour Engineering Company (Chec); Juan Carlos Hidalgo, Javier López, Said Martínez, Cosme Agostopa, Carlos Chipana y Deymer Quispe, todos miembros de la comisión calificadora que avaló la adjudicación; Jesús Aguilar, contador de la ABC; William Mamani, exgerente administrativo de la ABC; María Isabel Galleguillos, la notaria que entregó un poder al empresario Zhengyuan; Hernán Palacios, exgerente regional ABC de Chuquisaca.

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En enero de 2022 se conoció que la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) se adjudicó la construcción de la doble vía Sucre - Yamparáez (departamento de Chuquisaca) por un monto total de Bs 456.809.149, según señala la resolución publicada en el Sicoes.

La ruta, que cubre un poco de más de 25 kilómetros, comenzó a ser construida poco después y todo avanzaba con normalidad, hasta que unos meses después, en septiembre de 2022, se presentó la denuncia de supuestos sobornos a funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras para que les otorguen la adjudicación.

La denuncia fue presentada por el diputado del Movimiento Al Socialismo, Héctor Arce, señalaba que ejecutivos de la Chec ofrecieron coimas por un valor del 4% del monto total adjudicado, es decir que (según su acusación) cobrarían alrededor de Bs 18 millones.

Según señala el decreto de la Fiscalía no se pudo comprobar las irregularidades denunciadas en este proceso de adjudicación.

“La auditoría forense, determina, que dentro del proceso de contratación, no ha existido irregularidades, puesto que se tiene como mejor oferta y precio, el que proponía la empresa Chec, la cual cumplía con todos los requisitos establecidos en el DBC (documento base de contratación), de la Licitación Pública para la Construcción de la Doble Vía Sucre-Yamparáez, sobre el supuesto cambio de documentación que se hubiese realizado, no se tiene mayores datos, por lo que se presume que todo el proceso de licitación de la construcción de la Doble Vía Sucre- Yamparáez, ha sido dentro del marco de lo legal”, señala el documento.

En el decreto se señala que el supuesto dinero para el soborno no tenía ese destino sino que se trataba de un adelanto de pago por el proyecto carretero y se establece que se retiraron esos recursos del banco porque Zhengyuan Jin, el ejecutivo chino que representaba a la empresa, estaba siendo extorsionado por Felipe Sandy, que fue el testigo protegido que destapó el caso y falleció en los EEUU en enero pasado.

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“Se puede establecer que el destino del dinero en calidad de adelanto a la empresa Chec, que en su momento estaba representado por el señor Jin, no era para el supuesto soborno, sino que en algún momento, hubiese habido extorsión de parte del señor Felipe Sandy, por lo que, el dinero actualmente se encuentra en las cuentas de la Chec, y la misma se está disponiendo en la inversión de la carretera Sucre-Yamparáez”, señala el decreto.

Sobre el dinero del adelanto, que se sospechaba que iba a ser destinado al pago del soborno se señala que fue hallado dentro de una bolsa de plástico en la oficina que ocupaba Jin en la ciudad de Sucre.

La Fiscalía detalla en el documento, de más de 120 páginas, que no se encontraron pruebas para demostrar la culpabilidad de los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles, uso de instrumento falsificado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.

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