Dictan detención preventiva de 90 días para la exgerente general del Banco Fassil

La justicia determinó la reclusión preventiva por un lapso de 90 días para la exgerente general del extinto Banco Fassil, Patricia Suárez, medida que emergió la tarde de este miércoles después de más de cinco horas de audiencia cautelar en el Palacio de Justicia de la capital cruceña, según la información recogida por UNITEL desde el lugar.

La exjecutiva será recluida en el PC2 del penal de Palmasola, mientras se impulsan las investigaciones en su contra por la presunta comisión de delitos financieros relacionados a la otorgación de manera irregular a prestatarios que no tenían solvencia.

De esta manera, la exgerente se convierte en la quinta persona que es encarcelada en esta investigación que es impulsada por el Ministerio Público, tomando en cuenta que otros cuatro altos ejecutivos de la extinta entidad están también recluidos de manera preventiva.

Los fiscales que investigan el caso habían pedido que Patricia Suárez sea recluida por un lapso de seis meses; sin embargo, la justicia no tomó en cuenta esta solicitud y se determinó reducir a la mitad la determinación.

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“En su calidad de gerente general ha participado de la otorgación de unas líneas de crédito y los prestatarios no han presentado el respaldo de cómo tendrían para devolver el dinero”, indicó la fiscal Carmen Guzmán, tema que fue detonante para impulsar la imputación contra la mujer.

Durante los allanamientos a las agencias de Fassil, se encontraron ocho carpetas y la firma de la exfuncionaria aparece en dos, aprobando créditos millonarios a personas que no tenían respaldo financiero, según la información expuesta por Porras.

Asimismo, el fiscal Julio César Porras expuso en declaraciones recogidas por UNITEL que la exgerente ocupaba un alto cargo y debía tener conocimiento de los temas crediticios, por lo que se determinó continuar con la investigación en su contra.

Fue por esta razón que la exejecutiva quedó aprehendida el pasado lunes, después de prestar su declaración informativa en la que dijo desconocer la presunta viabilización irregular de créditos a prestatarios que no tenían solvencia para hacer frente a los pagos.

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