Bolivia despide el año con 230 denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras

Los grupos irregulares armados se campean principalmente en áreas rurales y develan situaciones de violencia a las que son sometidos los productores.

Publicado: 23/12/2022 17:02
El caso de las Lomas de Arena fue uno de los más sonados del año

En la gestión 2022, se sentaron un total de 230 denuncias de avasallamientos y tráfico de tierras, con un promedio mensual de 26 irrupciones en predios que son de propiedad pública o privada, según el balance que fue expuesto por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y que desnudan la situación a la que son sometidas las áreas rurales del país, principalmente.

Tuvieron que salir a la luz denuncias de parte del sector productivo para que el Gobierno admitiera la situación y se inicie la intervención de predios tomados como el de las Lomas de Arena en la capital cruceña o el de Las Parabas en la provincia de Guarayos. A esto se suma que se cumplió un año de avasallamiento y secuestro de Las Londras sin justicia para las víctimas.

A finales de diciembre el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, aseveró que el Gobierno nacional lucha de “manera frontal contra los avasallamientos” y que no se permitirá la toma violenta de propiedades privadas o propiedades del Estado porque se hará cumplir la ley en el combate a ese delito.

Ante las denuncias de avasallamientos, el Ministerio de Gobierno y otras instituciones de manera coordinada con la Policía iniciaron operativos de desalojo y recuperación de los previos presuntamente avasallados, tanto en Santa Cruz como en el departamento de Cochabamba, pero casi siempre tras meses de quejas y bajo presión mediática. Las autoridades, como sucedió en Las Londras o las Lomas de Arena, esperaron incluso que se ataque a civiles y periodistas, pero no actuaron a tiempo.

Si bien hay denuncias que exhiben la irrupción de grupos armados, también hay otros asentamientos donde la gente es víctima de traficantes de tierras, como el conflicto de límites entre Santa Cruz de la Sierra y Cotoca, donde algunos aprovecharon la falta de definición de la frontera y vendieron hasta cuatro veces algunos terrenos, ocasionando sobreposición en el derecho propietario de compradores.

Guarayos, epicentro de la toma ilegal

La provincia cruceña de Guarayos sucumbió a los avasallamientos en 2022. En marzo se reportó un muerto y seis aprehendidos como resultado de un enfrentamiento entre campesinos y un grupo de personas presuntamente armadas se registró en la estancia La Estrella en Ascensión de Guarayos, supuestamente por un conflicto de tierras.

En julio, el predio Las Pailitas fue escenario de un enfrentamiento entre campesinos e interculturales, donde se reportaron varios heridos, entre ellos uno de bala. Campesinos advierten que si el Gobierno no actúa habrá una matanza en Las Londras. Tras una reunión entre la Fiscalía, Policía y el INRA del departamento de Santa Cruz, se determinó que las tierras que se encuentran en conflicto son propiedad del Estado.

Ante este escenario, desde la oposición plantearon realizar un censo de tierras en el departamento de Santa Cruz para acabar con los avasallamientos de tierras; así como activar un plan para militarizar la zona de Las Londras donde se campean los grupos armados.

En septiembre, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) anunció un plan de emergencia para frenar el “avasallamiento” de tierras privadas y fiscales en diversas regiones del país. Además, se prevé el desalojo en los terrenos ocupados ilegalmente, informó este viernes el director esa entidad, Elogio Núñez, quien expuso que para ese entonces estaban registrados 117 denuncias de avasallamiento en el país, casi la mitad con lo que cierra el 2022.

A inicios de diciembre salta la denuncia en el predio Las Parabas, en la zona de El Trébol del municipio de Ascensión de Guarayos, situación que destapa otras denuncias que obligan a centrar los operativos policiales en esta zona, cuyo resultado se salda con una serie de detenciones y devolución de predios tomados que incluso datan de gestiones pasadas.

Los propietarios de predios tomados de manera ilegal certificaron que los avasalladores actúan del mismo modo: ingresan de manera violenta a los predios, portando armas de fuego y quemando campamentos y maquinarias, además de secuestrar a personas que trabajaban en las propiedades, carneando las reses de los productores y generando zozobra en las poblaciones aledañas.

El caso de las Lomas de Arena

En noviembre, salió a la luz uno de los casos más llamativos del año. Si bien la denuncia data del 22 de octubre fue una vez que concluyó el paro indefinido cuando se conoció la denuncia de la irrupción de un grupo armado en un predio privado en la zona de descarga de los acuíferos de las Lomas de Arena, en la capital cruceña. La situación obliga a dictar una pausa ambiental en la zona, pero los avasalladores hacen caso omiso a esta.

El INRA emite un reporte y expone que el asunto no es de su tuición y deslinda la responsabilidad a los gobiernos municipales de Santa Cruz de la Sierra y La Guardia. Ante la falta de acciones de las autoridades, entre ellas entidades como la Policía y la Fiscalía, los vecinos se autoconvocan para desalojar a los predios que son propiedad de la familia Kim.

Con estos hechos se registran enfrentamientos donde se reportan civiles y periodistas heridos a manos del grupo irregular y la situación es tema de debate en la arena política, donde las críticas se centran en la falta de acciones por parte del Ministerio de Gobierno, pese a la denuncias y pruebas que demuestran el avasallamiento.

Tuvieron que pasar casi dos meses desde la denuncia para que la Policía intervenga, el 13 de diciembre, y se ejecute la aprehensión de 10 personas. Ante la situación, el ministro Eduardo del Castillo promete una lucha frontal contra los avasallamientos.

El daño ambiental registrado es otro problema latente, por lo que la justicia resuelve que en adelante se prohíbe cualquier tipo de asentamiento humano en la zona.

Afectación al municipio cruceño

Los predios municipales que están bajo el control de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra no fueron ajenos a los conflictos por avasallamientos y las primeras muestras fueron evidenciadas en enero, cuando el alcalde Jhonny Fernández, con documentos en mano, denunció el avasallamiento de un área de equipamiento social por parte del entorno de Angélica Sosa.

Fernández puso al descubierto la entrega de miles de metros cuadros de un terreno municipal, colindante a un hospital en el barrio Bajío, por la doble vía a La Guardia. Se estima que está evaluado en $us 3 millones, sin contemplar el plus de la construcción de condominios.

Asimismo, se expuso un avasallamiento en la zona de Claracuta, en el noveno anillo de la avenida Alemana, espacio que tiene un uso de suelo para la implementación de una laguna de regulación de aguas pluviales del canal Alemania, con el fin de prevenir inundaciones en este sector del Distrito Municipal 5.

El caso más reciente se registró en días pasados, en un predio que colinda con el Jardín Botánico municipal, situación que todavía está en disputa y en la que se evidenció que al menos 70 hectáreas fueron desmontadas por vecinos asentados.

Situación de áreas protegidas

Entre los casos más sonados figuran el del Valle de las Ánimas, un área protegida que es disputada entre los municipios de La Paz y Palca, o el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado entre las provincias Iturralde y Franz Tamayo del norte paceño por parte de una empresa que no tiene contrato minero ni licencia ambiental, según la denuncia de Comunidad Ciudadana.

Entre el 17 de enero y el 8 de marzo de este 2022, una nueva brecha de siete kilómetros de largo fue abierta en las entrañas del Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paraguá, según datos de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC). Los caciques informaron que son más de 200 hectáreas deforestadas y que se han abierto unas 7 brechas.

La problemática de los avasallamientos es uno de los temas pendientes de las autoridades competentes de cara a 2023, según reconocen ellas mismas.

MÁS SOBRE 2022: Disminuyó la letalidad del Covid, pero la reaparición y llegada de nuevas afecciones mantiene la emergencia

Tags