2022: Liberación de feminicida serial destapa red de corrupción que liberaba a reos sentenciados

Los crímenes de Richard Choque adquirieron relevancia en el territorio boliviano una vez que salió a luz que, pese a tener sentencia de 30 años de cárcel sin derecho a indulto por violación y feminicidio, fue liberado gracias a irregularidades y actos de corrupción en la justicia que fueron detectados en enero de 2022. Fue así que se destapó una red criminal dentro del sistema judicial y el Ministerio Público.

Fue uno de los hechos más sonados durante el primer trimestre de 2022 y que, además de generar conmoción, obligó al Gobierno a tomar medidas para analizar los casos de violación y feminicidio en el país, así como la situación legal de los acusados, asunto que también fue noticia internacional y puso en jaque a las autoridades nacionales.

Richard Choque Flores fue catalogado como un feminicida y violador ‘serial’ que operaba en El Alto, caso que se destapó una vez que la Policía ingresó a su vivienda cuando fue denunciado al hacerse pasar por uniformado con fines de extorsión, lo que destapó una nueva investigación.

El descubrimiento del ‘monstruo’

Los cuerpos de Lucy R. (17) e Iris V. (15) fueron hallados enterrados en la casa del criminal, que vivía en la zona Ballivián (El Alto). El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el hombre captaba a sus víctimas mediante las redes sociales y les ofrecía ganar Bs 500 como trabajadoras sexuales, además de hacerse pasar por policía.

Choque se apropió del celular de una de las víctimas y utilizaba las redes sociales para contactar con sus familiares, pidiendo sumas de hasta $us 70.00, según el testimonio de una de las madres, quien expuso que uno de los últimos mensajes rezaba: “si no me entregas la plata, la voy a dejar descuartizada a tu hija”.

La sociedad calificó a Choque de ser un ‘monstruo’ y el tema cobró notoriedad al detectarse que recibió una sentencia el 2013 por feminicidio, delito por el cual aún estaba libre. Además, se contabilizó 77 mujeres a quienes abusó sexualmente. El foco apuntó a la justicia, mientras el hombre era recluido en el penal de San Pedro de La Paz.

El juez que liberó a Choque

A pesar de que el sindicado tenía una condena de 30 años sin derecho a indulto, el juez Rafael Alcón fue apuntado como el responsable de dejar libre al criminal y fue ahí que empezaron a descubrirse las irregularidades que también llegaron al conocimiento del Gobierno central y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Fue en 2019 cuando Alcón le otorga medidas sustitutivas y permite que esta persona abandone la prisión. Choque recibió detención domiciliaria luego de alegar que tenía cáncer gástrico, cirrosis y cáncer hepático presentando un certificado médico falso. Después se estableció que solo padecía de gastritis.

El 28 de enero se procedió a la aprehensión del juez Rafael Alcón y en su declaración alegó que Choque “cumplía con determinados requisitos” para salir libre y que esa condición fue únicamente por “dieciocho meses”. Cuando fue consultado sobre las consecuencias de su determinación, aseveró que era un tema de “seguridad ciudadana”.

El ministro de Justicia, Iván Lima, observa que el juez cometió el delito de “prevaricato” al otorgar libertad a un sujeto que tenía sentencia “sin derecho a indulto” por lo que se actuará “con toda la fuerza del Estado”. Alcon fue detenido preventivamente y cesado de sus funciones, mientras que Choque recibió otra pena de 30 años de cárcel.

La comisión de revisión de casos

Sin embargo, el descontento de la población fue evidente, no solo quemaron la casa de Choque Flores, sino que se gestaron marchas y movilizaciones, tema que causó eco internacional y obligó al Gobierno a crear una comisión de revisión de casos de feminicidios, la cual aglutinó a 10 instancias estatales.

El crédito de estas acciones fue la insistencia de colectivos de defensa de los derechos humanos y las familias de las víctimas, que no solo se convirtieron en la piedra en el zapato del sistema judicial y se rebelaron contra las autoridades, sino también porque guardaban de manera documental cada caso y cada detalle de la corrupción que hizo ‘sangrar’ al sistema judicial.

Uno de estos colectivos fue el de Mujeres Creando, el cual sacó a la luz una lista de 119 feminicidas que gozaban de impunidad, la cual fue entregada a las autoridades nacionales.

Dos meses después, a inicios de abril, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló la existencia de 141 expedientes observados de feminicidas y violadores que fueron puestos en libertad o con detención domiciliaria, a pesar de contar con sentencias ejecutoriadas, por lo que se procesa a 15 de 18 jueces penales.

No obstante, no fue hasta el mes de junio cuando se tuvo el primer resultado concreto, con la caída de 10 jueces corruptos, la destitución de 8 fiscales y la recaptura de 21 acusados de ser feminicidas y violadores. Además, la comisión ordena la recaptura de otros 50 delincuentes.

“La intervención del 100 por ciento de los juzgados (...) posibilitó la revisión de 327 casos en tres etapas, a partir de ahí se identificaron irregularidades en procesos llevados adelante por jueces de ejecución penal que liberaron a feminicidas y violadores con sentencia. 10 de los 18 jueces fueron procesados ya sea por la vía penal o administrativa”, informa Prada.

Más resultados y otras falencias

Se promulga Ley de Protección de Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación que endurece sanciones para malos operadores de justicia, se actualiza y adecúa la Ley del Órgano Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, con el fin de incorporar como falta disciplinaria las acciones u omisiones que favorezcan la revictimización de las víctimas de violencia.

La ley establece mecanismos destinados a precautelar los derechos de las víctimas; además pone candados a la liberación de sentenciados por la comisión de los delitos mencionados, quienes no podrán beneficiarse de medidas alternativas como la detención domiciliaria, modificaciones que la comisión de revisión de casos.

Sin embargo, no todo fue positivo, ya que saltaron denuncias de casos que no fueron tomados en cuenta, según expuso Estela Quintana, fundadora y representante de ‘Familias víctimas en busca de Justicia Bolivia’, así como también se conoció que al menos siete medios de comunicación no pudieron acceder a la información del trabajo de la comisión estatal.

En septiembre, la justicia establece ampliar la detención preventiva del exjuez Rafael Alcón, quien continúa recluido en la cárcel de San Pedro en La Paz.

Nuevas sentencias contra Choque

El 22 de septiembre, Richard Choque se acogió a un procedimiento abreviado y el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Penal de El Alto lo sentenció a otros 30 años de cárcel, ahora por el delito de asesinato de su primo, 11 años atrás, Fidel L. Ch.

Esta fue su tercera sentencia de 30 años sin derecho a indulto, pero no implican la sumatoria de 90 años, ya que en la legislación boliviana no existe la figura de sentencias acumulativas.

A estas se sumó una cuarta sentencia a finales de septiembre, con las mismas características, por la muerte de la adolescente Iris V., víctima hallada enterrada en la casa de su victimario en El Alto.

Ampliando el panorama, un reporte del director de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, Sergio Fajardo, exhibe que desde enero hasta el 30 de noviembre de 2022 se suscitaron en el país 83 feminicidios, la mayoría de estos en La Paz y Santa Cruz.

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