TSJ no abrió juicio de responsabilidades contra Añez por falta de autorización legislativa, dice su presidente

Después de que la expresidenta Jeanine Áñez fuera incluida en un proceso ordinario por el caso Senkata que data de noviembre de 2019, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres Echalar, señaló que no se procedió a abrir el proceso de juicio de responsabilidades contra la exautoridad porque no había una aprobación previa de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“El Tribunal Supremo no ha recibido ninguna autorización de parte de la Asamblea Legislativa para iniciar ningún juicio de responsabilidades a ninguna autoridad. En esa medida no radica en Sala Plena del Tribunal Supremo ningún proceso en contra de esta ciudadana (Añez), por lo tanto para el Tribunal Supremo no se ha abierto ninguna competencia jurisdiccional”, señaló el ejecutivo, que fue citado por Erbol.

Consultado en qué quedan las proposiciones acusatorias por los casos Senkata-Sacaba que ya presentó la Fiscalía General contra Añez para juicio de responsabilidades, Torres dijo que esa pregunta debe elevarse a la Asamblea Legislativa, ya que en el TSJ no se pudo abrir la competencia jurisdiccional.

En las últimas horas, Edwin Aguayo, magistrado de la Sala Penal del TSJ, respondió favorablemente a la solicitud del juez Marco Amaru, cuyo despacho refiere a hacer cumplir la resolución que “ordena la incompetencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia” para llevar adelante el proceso contra la expresidenta.

Añez es procesada por la presunta comisión de los delitos de asesinato, lesiones graves y leves, homicidio y genocidio. Este proceso había comenzado a tramitarse en primer término en el TSJ; sin embargo, en enero de este año, Amaru aceptó la solicitud de la Fiscalía de que Añez sea juzgada por la vía ordinaria.

Esto se da a pesar de que la Fiscalía General ya ha presentado requerimientos acusatorios ante el Asamblea Legislativa para juicios de responsabilidades.

Según la norma vigente, los presuntos delitos por un presidente en el ejercicio de sus funciones se juzgan en juicio de responsabilidades, que requiere aprobación de dos tercios de la Asamblea y se desarrolla ante la Sala Plena del TSJ.

Los acusadores de Añez cambiaron de estrategia y ahora buscan procesar a la expresidenta en la vía ordinaria, bajo el argumento de que no habría sido presidenta constitucional.

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