Tres juicios orales debe enfrentar Camacho, de los seis procesos que tiene abiertos en la Justicia

Desde su aprehensión el pasado 28 de diciembre de 2022, ascienden a seis los procesos abiertos contra el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, tomando en cuenta que ya cuenta con una acusación formal por los casos denominados ‘golpe I’, ‘decreto 373’ y ‘Carro bombero’, según confirmó Martín Camacho, abogado de la autoridad.

Solo falta que los tribunales definan fecha y hora para llevar adelante estos juicios, mientras la autoridad cumple un año de reclusión preventiva en el penal de Chonchocoro de La Paz.

Por estos casos ya pesa una detención preventiva contra Camacho, al que se suma el proceso por los 36 días de paro impulsados por la ciudadanía cruceña ante la emergencia generada por el Censo de Población y Vivienda, entre octubre y noviembre de 2022.

Asimismo, existen otros dos procesos (sumando seis en total) que se encuentran en fase preliminar, uno relacionado a un supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas y otro relacionado a un presunto tráfico ilícito de armas, según información que maneja el Ministerio de Gobierno.

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Esta es la situación y avance de cada una de estas causas:

1.- Caso golpe I

Este fue el caso que derivó en la aprehensión y posterior reclusión preventiva del gobernador por un lapso de cuatro meses. En este caso también son investigados la expresidenta Jeanine Áñez y exaltos mandos militares y policiales. El proceso es impulsado por la exdiputada masista Lidia Patty.

El Ministerio Público acusó formalmente a Camacho este 26 de diciembre de 2023 y el fiscal a cargo del caso, Omar Mejillones, señaló que buscan la reclusión de 20 años (pena máxima) contra la autoridad cruceña por el delito de terrorismo.

En la investigación también se incluyeron los tipos penales de financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos. La defensa espera la notificación formal.

Además de los cuatro meses de detención establecidos a finales de diciembre de 2022, la justicia determinó ampliar la detención preventiva hasta en tres ocasiones: primero por cuatro meses, posteriormente por otros tres y, finalmente, se adicionó un mes. Todo este se dio durante el 2023.

2.- Caso decreto 373

El caso está relacionado por la emisión del decreto 373, mediante el que pretendía delegar el cargo de gobernador interino a un secretario y no así al vicegobernador Mario Aguilera, según la bancada de asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), impulsora del proceso y que pide seis años de prisión.

Actualmente, existe una acusación formal por parte de la Fiscalía y por el que se pide seis años de privación de libertad. Está pendiente de definir fecha y hora de juicio

Camacho fue imputado por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal; sin embargo, el asesor de Gestión de la Gobernación, Efraín Suárez, defendió que la publicación temporal del decreto 373 “fue un error involuntario” de un funcionario público.

La autoridad cumplió en julio con la detención preventiva, pero recién el 11 de diciembre se llevó adelante la audiencia de apelación. Aunque pasó el tiempo que establecido, la justicia no otorgó la libertad, según el reporte del jurista.

3.- Caso ‘Carro Bombero’

Es otro caso abierto en Santa Cruz. Fue el diputado Rolando Cuellar (MAS-IPSP) quien sentó la denuncia alegando que la Gobernación firmó un contrato para comprar un carro bombero en enero de 2022 y cuya entrega estaba prevista para junio; sin embargo, esto no se concretó.

Camacho está a la espera de juicio tras ser acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, malversación, uso indebido de influencias, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

Si bien la justicia determinó la detención preventiva por un lapso de 90 días contra la autoridad el pasado 5 de junio, hasta la fecha no se resuelve la apelación de la misma, pese a que ya transcurrió el tiempo de reclusión preventiva, así como los 180 días que pedía el Ministerio Público.

“Hasta el día de hoy es más grave la situación de la retardación de justicia en Santa Cruz que en La Paz. En La Paz por lo menos se han resuelto todas las apelaciones, pero en Santa Cruz han agravado la situación jurídica del gobernador por pura negligencia de las salas penales”, advirtió Martín Camacho sobre la dilatación de audiencias y la falta de un debido proceso.

4.- Caso del paro de los 36 días

Surgieron tres denuncias acumuladas en torno a este proceso, impulsado principalmente por la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y que está relacionado con las movilizaciones ciudadanos que se dieron entre octubre y noviembre de 2022 ante la emergencia por el Censo de Población y Vivienda.

En este caso también son investigados el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; el rector Vicente Cuéllar; el vicerrector Reinerio Vargas; y el asesor José Luis Santistevan, los últimos tres de la Uagrm.

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Los delitos por los que son acusados son: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; y desórdenes o perturbaciones públicas, entre otros.

5.- Legitimación de ganancias ilícitas

Caso abierto en abril de 2023 y en donde se incluye al padre del gobernador, José Luis Camacho Parada, su hermana y empleados domésticos. Este proceso se encuentra en fase preliminar, según el abogado defensor de la familia del gobernador.

Los familiares y colaboradores de Camacho son investigados en calidad de denunciados por el presunto flujo económico que se generó días previos a los conflictos sociales de 2019 que fueron consecuencia de los indicios de fraude electoral y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Juan Evo Morales.

Desde el Ministerio de Gobierno señalaron que, en el marco de las investigaciones por el caso Golpe I, un informe oficial evidenció que la familia del gobernador hizo transferencias bancarias a través de sistema financiero nacional antes y durante la crisis de noviembre de 2019, lo que hizo interpretar que hay una relación con los conflicto.

6.- Tráfico ilícito de armas

Este es el caso más reciente (apareció en septiembre de 2023) y también está en fase preliminar, están incluidos dos exsecretarios de la Gobernación, Fernando Pacheco y Fernando Menacho.

Según los reportes de la defensa del gobernador, en un allanamiento realizado en un inmueble del líder cruceño no hallaron ninguna prueba evidencia que lo relacione con esta situación. “No se encontró ni una sola arma de ningún tipo, ni armas de ninguna calidad y que además ningún objeto fue secuestrado con fines investigativos”, sostuvo el abogado.

Martín Camacho también consideró que esta investigación iniciada por el Ministerio Público, “a pedido del Ministerio de Gobierno”, “lo único que tiene por finalidad es perpetuar la persecución y la detención del gobernador Luis Fernando Camacho”.

Asimismo, explicó que no hay una imputación, sino que se ha supuesto la existencia de las armas y con eso han iniciado una investigación, tras la denuncia que fue ingresada a fines de octubre.

En la denuncia contra Camacho en el caso denominado golpe I, fue realizada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty, en diciembre del 2020. Tres años después, el martes 26 de diciembre, la Fiscalía dice que presentó la acusación formal en un documento de 63 páginas.

La acusación presentada por la Fiscalía presenta a Camacho, al igual que el exministro de Defensa de Jeanine Añez, Luis Fernando López, al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman Romero, y al excomandante de la Policía, como autores del delito de terrorismo.