Semana conflictiva: La Gestora, el ‘paquetazo de leyes’ y el conflicto del magisterio desatan movilizaciones en el país

Se avizora una semana conflictiva. El magisterio urbano va a su séptima de movilizaciones en La Paz y otros puntos del país, mientras que los médicos, gremiales y transportistas preparan protestas para rechazar el “paquetazo de leyes” que impulsa el Gobierno y contra las operaciones de la Gestora Pública.

El Gobierno, desde diversos flancos, ha generado espacios en procura de aplacar estos movimientos, sin embargo, no lo ha logrado.

Maestros

El magisterio urbano continúa exigiendo al Gobierno la atención a sus demandas, entre ellas más ítems, carga horaria y la paralización de la aplicación de la nueva malla curricular.

El Gobierno ha ratificado que no hay presupuesto para atender las demandas y ratificó que la aplicación de la malla es progresiva.

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En contrapartida, los maestros anunciaron más movilizaciones y analizan un paro de 72 horas para esta semana, pero también se suma a las protestas contra la Gestora Pública, que administrará los fondos de pensiones desde mayo.

“Queremos anunciar que no solamente vamos a concentrar por mayor demanda de ítems, mayor cantidad de horas y anulación de la malla curricular, hemos decidido encarar la lucha junto a los trabajadores por un mejor salario, en contra de la Gestora Pública y que se permita la administración de esto, con un control obrero mayoritario”, indicó el dirigente de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), Patricio Molina.

Médicos

Por su lado, el Consejo Nacional Médico ratificó la movilización de este martes tras cumplirse el plazo que el sector dio al Gobierno para retirar el “paquetazo de leyes” y la puesta en marcha de la estatal Gestora Pública.

A través de un comunicado instruyó a sus afiliados a acatar las medidas de presión adoptadas en el marco de la alianza interinstitucional que rubricaron la semana pasada, entre ellas la “gran marcha nacional” de este martes.

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Los médicos exigen al Gobierno dejar sin efecto el proyecto de ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, así como la Ley 065 del traspaso de aportes propios a la Gestora Pública.

El sector cuestiona que un personaje “puesto a dedo y siendo militante del gobierno” administre el fondo de pensiones de los trabajadores.

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha respaldado las movilizaciones y anunció reuniones con los sectores en conflicto para apuntalar las demandas.

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El Gobierno comprometió que la pensión de los jubilados mejorará con la administración estatal debido a que se dejará de pagar la comisión de 1,31% que se entrega a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Los médicos también expresaron su apoyo a las medidas del magisterio urbano.

Transportistas y gremiales

Dos sectores que se movilizarán esta semana contra la ley antilegitimación son los gremiales y transportistas, que han denunciado posibles afectaciones a su patrimonio bajo el argumento de que su trabajo es informal y no cuentan con respaldo de sus mercancías.

A esa observación se han sumado los mineros cooperativistas auríferos. En todos los casos, temen que se trate de la misma norma que fue abrogada en 2021 tras una seguidilla de movilizaciones.

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El Gobierno subrayó que está norma tiene el fin de cumplir compromisos internacionales y no afecta a los gremiales y demás sectores, pero además ha descartado que se trate del proyecto abrogado.

“Hay que aclarar y precisar a los gremiales, a todos los sectores sociales, no se está reponiendo el anterior proyecto. El anterior proyecto ha quedado archivado y no se lo ha repuesto”, aseguró el ministro de Justicia, Iván Lima, la semana pasada.

“Ley mordaza”

Sobre el proyecto de Ley 305 de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”, también es cuestionada por gremios de la prensa que alertan sobre el riesgo de atentar contra la libertad de expresión.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lo ha descartado y anunció un proceso de socialización con todos los sectores.