Se va un 2022 sin Censo y hubo que gestar una ley para garantizar su ejecución

Bolivia cierra un año en el que el Censo de Población y Vivienda no logró ser ejecutado y en el que se tuvo que crear un movimiento para garantizar su realización, tema que concluyó con la promulgación de la Ley 1492 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

Pero para llegar a ese término se tuvo que atravesar un camino que trajo consigo, entre otros asuntos, la movilización más larga de la historia de Santa Cruz, con un paro de 36 días que caldeó la arena política nacional y otras movilizaciones previas entre las que destacan otros dos paros, marchas y la declaratoria de emergencia por parte de la institucionalidad de la región.

En febrero, cuando faltan nueve meses para la fecha establecida en primera instancia –16 de noviembre de 2022-, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) empezó a tocar las puertas del Instituto Nacional de Estadística (INE) expresando su preocupación debido a la falta de información respecto al proceso censal, por lo que apuntó a la conformación de comités impulsores departamentales.

Fue así que aparecían los primeros destellos que dieron lugar al Comité interinstitucional impulsor del Censo, un conglomerado de organizaciones cruceñas cuya premisa se enfocó en poner a disposición las herramientas técnicas y recursos humanos para tener “un Censo en condiciones”, así como hacer seguimiento y evaluación del trabajo relacionado a las fases del proceso.

La Uagrm fue protagonista buscando apuntalar el proceso desde el punto de vista técnico; sin embargo, y pese a las disposiciones, el INE no tuvo esa apertura y no recibió a los representantes del Comité interinstitucional, no atendieron las conminatorias realizadas por escrito o públicamente, según la reseña del rector de la casa de estudios cruceña, Vicente Cuéllar.

Renuncias que encendieron las alarmas

Cuando faltan cinco meses para la ejecución del Censo, el director del INE, Humberto Arandia, presenta su renuncia alegando problemas de salud, pero da las garantías para que el proceso se realice el Gobierno de 2022, pero esto solo generó que se enciendan las alarmas, situación que se agravó cuando la ministra de Planificación también da un paso al costado.

La ahora exministra de Planificación, Gabriela Mendoza, anuncia su dimisión, horas después de la salida del director del INE. La situación llevó a buscar una nueva autoridad y la responsabilidad recayó en uno de los hombres de confianza del presidente Luis Arce Catacora: el entonces viceministro de Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui.

Ante esta “improvisación”, el rector de la Uagrm anuncia la convocatoria a una reunión de emergencia de la institucionalidad cruceña, al considerar que está en riesgo la realización del Censo. “No queremos pensar que esto es algo planificado”, señala, al reiterar que el INE se niega nuevamente a compartir la información sobre el avance del proceso censal.

Mientras tanto, la Asamblea Legislativa cumplía con su labor y sanciona los préstamos con organismos internacionales para apuntalar el proceso, $us 40 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) y $us 26,4 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Se cumple el presagio de Vicente Cuéllar

Se reprograma la ejecución del Censo tras una reunión del Consejo Nacional de Autonomías conformado por autoridades del Órgano Ejecutivo, autoridades subnacionales y representaciones indígenas, en la que no participó la representación cruceña y donde se recomendó que esta actividad se realice entre mayo o junio de 2024.

Un día después, el 13 de julio, entra en vigencia el Decreto Supremo 4760 que reprograma el Censo para el primer semestre de 2024, sin una fecha específica, cumpliendo al así el presagio del rector de la Uagrm y declarando emergencia en Santa Cruz en torno a este tema, debido a que también se postergaba distribución de recursos a los departamentos y la distribución de escaños parlamentarios.

El Comité interinstitucional convoca a un paro cívico en Santa Cruz en defensa de la realización del Censo para el 25 de julio. Vicente Cuéllar y el gobernador Luis Fernando Camacho, que dejó en La Paz propuestas al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Planificación para que el Censo pueda realizarse el 28 de junio del año 2023 y, sin embargo, no tiene respuesta.

A finales de julio, una nueva cumbre de la institucionalidad cruceña define un segundo paro departamental con cierre de fronteras, pero esta vez de 48 horas, para el 8 y 9 de agosto si es que el Gobierno mantiene la decisión de suspender el Censo.

Encuentro por el Censo

Si bien el INE y el Ministerio de Planificación impulsaron reuniones de socialización sobre el proceso Censal, la más importante se dio a mediados de agosto en Santa Cruz, donde se concluyó que el desarrollo del Censo es un trabajo netamente técnico y el INE se comprometía a compartir su cronograma, para lo que se dio un plazo de 15 días.

El Comité interinstitucional ratifica el pedido de realizar el Censo a finales del primer semestre de 2023 y defiende su propuesta con argumentos técnicos, pero el Gobierno la desahucia aduciendo que es inviable y que carece de sustento, según el ministro de Planificación.

La falta de las respuestas esperadas por parte del INE y el “haber incumplido los compromisos con el departamento del 15 de agosto”, llevan a que se convoque a una nueva cumbre para inicios de septiembre en la que se determina a ir a un cabildo departamental para finales de ese mismo mes.

Santa Cruz va al paro indefinido

En esa actividad la ciudadanía aprueba ir a un paro indefinido desde el 22 de octubre si es que el Gobierno no abroga el decreto 4760 y determina ir al Censo de 2023. Los intentos de acercamiento del Gobierno no convencen y la institucionalidad cruceña denuncia que se busca politizar el proceso censal.

Horas ante de iniciar el paro, el Gobierno convoca por escrito al diálogo y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, adelanta que hay una propuesta que será puesta sobre la mesa: realizar el Censo en abril de 2024, tema que recibe un rechazo rotundo del Comité interinstitucional y se ratifica la movilización en Santa Cruz con carácter indefinido.

Tras el fracaso del diálogo, el Gobierno lleva la problemática al plano nacional y gesta el primer encuentro nacional por el Censo en Cochabamba en la se establece dejar la fecha del empadronamiento “abierta” y que una comisión técnica la defina. El Comité Pro Santa Cruz informa que el paro continúa y que la fecha no se negocia.

Mesa técnica nacional

La mesa técnica convocada por el Gobierno se instala en Trinidad la primera semana de noviembre y determina que el Censo se realice en marzo o abril de 2024. Los resultados del empadronamiento nacional, según lo informado por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se podrían conocer cinco meses después. La situación es rechazada por la representación cruceña, quien no participó en la inscripción de las conclusiones.

El 11 de noviembre, el presidente Luis Arce Catacora anunció que el Censo será el 23 de marzo de 2024 y que la distribución de recursos a las regiones será en septiembre del mismo año. Es así que se promulga el Decreto Supremo 4824.

Desde el Comité Impulsor del Censo observan que en el decreto no se estipulaba una redistribución parlamentaria o la reconfiguración de la cartografía de circunscripciones electorales. Surgen las primeras voces para convertir el decreto del Censo en ley.

El 13 de noviembre la población cruceña se vuelca a un nuevo cabildo departamental a los pies del Cristo Redentor, en el que se aprueban cinco determinaciones, entre ellas instruir a los legisladores la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025. El paro indefinido sigue en pie.

La pugna interna del oficialismo conlleva a que haya posiciones divididas en torno a convertir el nuevo decreto en ley. Mientras que en Santa Cruz las primeras propuestas, entre ellas la del Comité Impulsor del Censo, que no solo busca la redistribución de recursos en septiembre 2024, sino también que el Órgano Electoral elabore un proyecto de ley para la reasignación de escaños en los departamentos, una vez se tengan los datos oficiales del Censo.

Días después, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) pide para septiembre de 2024 los resultados del Censo y advierte que no podrá trabajar en la redistribución de escaños si no se cumple con ese plazo. Horas más tarde, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, acepta las condiciones y anuncia que los resultados serán remitidos en dicho mes.

Es así que arranca el análisis de la norma en marcha en la Cámara de Diputados, pero se estanca y dilata el tratamiento al haber discrepancias y al menos seis propuestas para gestar la ley. Tras cinco días de debate hay consenso y se remite el proyecto de ley al Senado y es sancionado el 29 de noviembre.

Es así como nace la Ley de aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financiero y electoral en busca de pacificar al país, la cual complementa al Decreto Supremo 4824 y recoge las demandas cruceñas. De esta manera se levanta el paro tras 36 días, se logra la pacificación y se resuelve, de momento, la problemática en torno al Censo en un año 2022 en el que no fue posible su ejecución.

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