“No se va a aprobar hoy”: MAS anuncia convocatoria a empresarios por la ley antilegitimación

“Garantizamos de que no se va a aprobar hasta que no se inicien reuniones con los sectores que hagan conocer sus preocupaciones. El sector de los empresarios va a ser convocado”, anunció el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui.

Publicado: 04/04/2023 09:43
[APG] / El diputado del MAS Juan José Jáuregui.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará este martes el debate sobre la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. El diputado del MAS Juan José Jáuregui, quien preside esta instancia, aseguró que la norma no será aprobada en esta jornada y, en ese marco, anunció que convocarán a los empresarios para escuchar sus observaciones.

Hoy se va a iniciar un tratamiento que no necesariamente va a concluir hoy por lo complejo del tema y una serie de incertidumbre que se pretende construir”, indicó Jáuregui.

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En ese sentido, anunció que “lo que se va a hacer es invitar a los distintos sectores, no solamente como los gremiales y los transportistas, sino también al sector empresarial, para que nos haga conocer cuáles son las observaciones”.

La oposición ha cuestionado el contenido de la norma y advirtió como ejemplo que criminaliza las protestas sociales.

Jáuregui aseguró que la normativa “no se aprobará hasta que no se inicien reuniones con los sectores”.

Garantizamos de que no se va a aprobar hasta que no se inicien reuniones con los sectores que hagan conocer sus preocupaciones. El sector de los empresarios va a ser convocado a la Comisión de Constitución para que puntualmente nos hagan conocer cuáles son sus observaciones”, afirmó.

MIRA AQUÍ: CC sostiene que proyecto de ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas “criminaliza” el derecho a la protesta

Observaciones

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón advirtió que la norma creará un “Estado policiaco” para impulsar la persecución penal.

Aseguró que el proyecto de ley “criminaliza la protesta social” con la figura de terrorismo y “va a criminalizar la vida económica del país”.

Además, la oposición ha denunciado que es la misma norma que en 2021 generó protestas hasta que el Gobierno decidió abrogarlo.

Jáuregui aseguró que “esta ley no es una reposición del proyecto que estaba integrado por 77 artículos”, sino se trata de “una adecuación de los tipos penales contenidos en el 133, 185 y el 71 del Código Penal”

“En consecuencia, no existe ninguna reposición el proyecto de ley que en 2021 fue observado. Esta norma simplemente está integrada por seis artículos”, señaló Jáuregui.

Sobre las observaciones referidas al delito de terrorismo, el diputado oficialista indicó que las sanciones por este figura están vinculadas a “ejecutar acciones con la intención de provocar la muerte”.

Casos sobre terrorismo

El diputado oficialista puso como ejemplo los cinco casos en los que una persona puede ser investigada por terrorismo, entre los cuales se mencionan “ejecutar acciones con la intención de provocar la muerte, graves lesiones corporales o restricción de la libertad de las personas”.

Además, se menciona la manipulación y detonación de artefactos explosivos “u otro artefacto mortífero en instalaciones privadas y públicas”; “se apodere aeronave, medio de transporte terrestre o buque, mediante violencia, ataque contra la vida o integridad de una persona (...) o cometa un atentado violento contra locales, oficiales o residencias particulares, detenga a otro persona en condición de rehén” o administre “materiales nucleares”

“Creo que ninguna movilización tiene este tipo de motivaciones”, aseguró Jáuregui y matizó: “Creo que una movilización no busca la muerte de uno u otro ciudadano”.

En ese marco, puntualizó que en el parágrafo primero del artículo observado se establece que las movilizaciones no son consideradas como terrorismo.

“Dentro de la nueva redacción se debe hacer énfasis en el parágrafo cuatro que dice que las acciones de movilización social no constitutivas de las conductas descritas, que tengan por finalidad la reivindicación o ejercicio de derechos humanos, derechos sociales, cualquier otro derecho constitucional no serán considerados como terrorismo”, señaló el legislador.

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