La ley antilegitimación creará un “Estado policiaco” para promover la persecución penal, advierte el diputado Alarcón

El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas comienza a tratarse en una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en medio de polémica. El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón advirtió que la norma creará un “Estado policiaco” para impulsar la persecución penal.

Alarcón aseguró que el proyecto de ley “criminaliza la protesta social” con la figura de terrorismo y “va a criminalizar la vida económica del país” porque existe el riesgo de que ya no se investigue el “delito principal” en casos de irregularidades en las actividades comercial.

“Incluye seis figuras penales que pretenden criminalizar la protesta social y la vida económica del país”, afirmó el legislador de la alianza opositora en una entrevista con La Revista de la red UNITEL.

“Eso va a generar un Estado policiaco a cargo de fiscales y jueces que están subordinados del Gobierno. Entonces, obviamente va a ser un instrumento además de persecución penal por parte de un régimen autoritario”, señaló Alarcón.

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Terrorismo

Alarcón dio cuenta que la nueva norma amplía la investigación sobre la legitimación ganancias ilícitas a contrabando, delitos tributarios y medioambientales o actividades mineras ilegales además de las anteriores figuras: narcotráfico, corrupción y organización criminal.

“El problema está en que no necesitan siquiera el proceso penal por el delito principal. Por ejemplo, acusarían por haber cometido defraudación tributaria y usted dice ‘voy a demostrar mi inocencia en ese juicio’, pero no, ‘no le vamos a abrir proceso por ese delito principal”, afirmó.

“Directamente (lo procesan) por el lavado de dinero de esa acusación que puede ser falsa o infundada y, en ese caso, le pueden decomisar sus bienes y castigar con 15 a 20 años de prisión; en el caso de terrorismo de 20 a 25”, señaló.

La norma sube la sanción de pena de cárcel de 20 a 25 años en el caso de la figura de terrorismo. Pero además, los opositores observan una supuesta “ambigüedad”.

“La amplitud, la vaguedad y la redacción de esa figura penal es amplísima, por ejemplo si un grupo de manifestantes está reclamando algo al Gobierno y otro grupo de afines al Gobierno se siente intimidado y se siente restringido, eso se encuentra en la redacción”, dijo Alarcón.

“La persona que intimide, coloque o mantenga en estado de alarma o pánico colectivo a la población a un sector de ella con el fin de subvertir el orden constitucional”, se lee en el artículo 133 en el proyecto normativo sobre el delito de terrorismo.

Ése y otros textos generan sospechas en los sectores que cuestionan la norma.

Otra ley

En noviembre de 2021, tras varias semanas de movilizaciones, el Gobierno abrogó la “Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

El MAS ha descartado que la actual norma se la misma que se anuló hace dos años. Argumenta que se trata de un compromiso con organismos internacionales sobre la lucha contra los delitos transnacionales.