Mesa lleva ante la ONU el caso de la “autoprórroga inconstitucional de magistrados”

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, remitió una carta a la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, para denunciar la “autoprórroga” de magistrados del Órgano Judicial y para pedir también un pronunciamiento del organismo internacional al respecto.

“Dada la crisis judicial provocada por la autoprórroga de los magistrados del Órgano Judicial, acabo de enviar una carta a la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de magistrados, pidiéndole que se pronuncia sobre esta inaceptable situación”, señaló la exautoridad a través de sus redes sociales.

El pedido se da en un contexto en el que la bancada nacional del bloque opositor lleva adelante un proceso contra los magistrados, a la espera de un resultado en las investigaciones por parte de la Fiscalía.

“Llamo su atención sobre esta problemática, para que dentro del ámbito de sus funciones, realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia, para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país”, reza también parte de la misiva de Mesa.

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Del mismo modo, el jefe de CC hace una reseña en la que advierte que los magistrados del Órgano Judicial “rompieron el orden constitucional” del país al permanecer en sus cargos, habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio, recordando que este es el plazo establecido en la Constitución Política del Estado.

“A pesar de estas prescripciones constitucionales, decidieron autoprorrogarse en sus cargos sin tiempo límite”, denuncia Mesa y califica el hecho de abuso de poder.

Mesa menciona además que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) son parte de un “sabotaje” permanente, junto con el Gobierno, contra la Asamblea Legislativa Plurinacional para dilatar las elecciones judiciales.

Asimismo, indica que los magistrados prorrogados del TSJ, designaron a 46 vocales de los Tribunales de Justicia Departamentales que, también por el “vicio de origen de quienes emana su designación, carecen de legalidad y legitimidad”.

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