Matkovic ve poco avance en mejoras al sistema judicial a pocos días del arribo de un grupo de la CIDH

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, observó que la justicia en Bolivia no muestra mejoras, a pocos días del arribo una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Bolivia para evaluar los avances de las recomendaciones tras los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante los conflictos de 2019.

Las recomendaciones fueron emitidas por Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y, en este sentido, Matkovic sacó a relucir que en las observaciones del ente internacional quedó claro que existe injerencia política en la justicia y que esta responde al Gobierno central.

“Lo que queda claro es que en el informe todos han coincidido en que en Bolivia no hay independencia y que la justicia está apegada al poder de turno”, subrayó el titular de la ALD en entrevista con UNITEL.

La autoridad legislativa cruceña también dijo desconocer los mecanismos y métodos de sanción que se puedan aplicar, pero sostuvo que es una esperanza que los organismos internacionales puedan obligar a las autoridades a acelerar la reforma del sistema judicial.

Según el reporte del Ministerio de Justicia, se espera el arribo de la delegación para el 23 de enero y será la segunda vez que visiten el país para abordar este asunto que gira en torno a los conflictos de 2019 y por el que el GIEI emitió 36 recomendaciones.

“Esta visita se debe a la firma de un convenio entre el Estado boliviano y la CIDH a objeto de establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos”, manifestó por su parte el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

Sobre el apunta de Matkovic, una de las recomendaciones especifica que se debe garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

“Asegurar el respeto estricto de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas, entre otras, a la alimentación, la habitación, la salud y el régimen de visitas”, apunta otra de las recomendaciones.

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