Comisión de la CIDH llegará al país para verificar avances de las recomendaciones del GIEI

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará a Bolivia el próximo 23 de enero para verificar los avances de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), según confirmó el ministro de Justicia, Iván Lima. Será la primera de cuatro visitas que se programaron para el 2023.

En diciembre de 2019, la CIDH y el Estado boliviano suscribieron un acuerdo para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante los conflictos de 2019, después de que se descubrieran los indicios de fraude electoral que derivaron en la renuncia del entonces presidente Juan Evo Morales.

Según el reporte, el GIEI emitió 36 recomendaciones para Bolivia, de las cuales 15 fueron priorizadas, como el inicio, continuación y finalización de los procesos de investigación de las masacres de noviembre de 2019.

“Recordar también que esta visita se debe a la firma de un convenio entre el Estado boliviano y la CIDH a objeto de establecer una mesa de seguimiento a las recomendaciones emitidas por el grupo de expertos”, manifestó por su parte el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.

El viceministro expuso que se prevén reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, pero adelantó que serán encuentros abordados a escala ejecutiva, tomando en cuenta el carácter del comisionado que llegará al país.

Desde la cartera de Justicia informaron que se está realizando una sistematización de todos los avances de las recomendaciones para ser presentadas a la delegación de la CIDH, tema que tiene como base el informe final del GIEI que salió a la luz en agosto de 2021.

Lima sostuvo que algunos asuntos del informe ya empezaron a tener cumplimiento como el diálogo permanente para hacer cumplir las recomendaciones y la ejecución de una cumbre contra el racismo y la discriminación, así como la implementación de una escuela judicial institucionalizada y transformada para el ingreso de nuevas autoridades judiciales al sistema.

Algunas recomendaciones

Sin embargo, todavía hay diferentes tareas en agenda y a la espera de cumplirse o que también están en fase de desarrollo, entre las que resaltan adoptar un plan de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos cometidos durante la crisis de 2019, entre los que se incluye a las víctimas de Sacaba, Senkata y el municipio cruceño de Montero, donde se dio la muerte de dos cívicos cruceños.

El GIEI hizo referencia a una dejadez latente para dar justicia a las víctimas de Montero y las violaciones a los derechos humanos contra la Caravana del Sur y la Caravana Minera, que emprendieron marcha a La Paz para pedir la renuncia de Evo Morales. Los especialistas consideran que estos últimos hechos fueron invisibilizados.

Estas fueron las posturas de las familias de las víctimas de Montero en agosto de 2021:

Otro asunto expuesto en el reporte del GIEI se refiere a garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse.

“Asegurar el respeto estricto de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas, entre otras, a la alimentación, la habitación, la salud y el régimen de visitas”, apunta otra de las recomendaciones.

A esto se suma la necesidad de reforzar las garantías para proteger la libertad de prensa y el ejercicio de la actividad periodística, para prevenir atentados contra la libertad de prensa sobre las personas o sobre los bienes y edificaciones de los medios, y, en caso de concretarse violaciones y daños, para garantizar la investigación y el juzgamiento de los responsables, y la reparación de las víctimas.

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