Gobierno dice que propuesta del cabildo sobre revocatorio contra Luis Arce “busca impunidad”

El Gobierno ha minimizado el alcance del cabildo nacional que se desarrolló la tarde y noche de este miércoles y consideró que “no ha llegado a los nueve departamentos” y que se registraron “reducidas concentraciones”, excepto en Santa Cruz.

En ese contexto, se refirió a la advertencia que surgió desde las concentraciones sobre el impulso del revocatorio de mandato del presidente Luis Arce en caso de que no apruebe una ley de amnistía en favor de las cerca de dos centenas de “presos políticos” que han denunciado los comités y líderes de oposición.

“Lo que hemos visto es una reducida convocatoria y no ha tenido una aceptación de los ocho departamentos. Sí ha tenido una concentración en Santa Cruz”, afirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en una entrevista con La Revista de UNITEL.

La autoridad del Gobierno aseguró -como ejemplo- que en La Paz la concentración que tuvo lugar en la calle 21 de Calacoto, en el sur de La Paz, fue “menor a mil personas”.

Acto seguido cuestionó el citado planteamiento del cabildo nacional sobre la posibilidad de acortar el mandato del presidente Arce, que a su juicio tiene el fin de “buscar la impunidad” de los procesados e investigados por los hechos de 2019.

“Lo que nosotros vemos por parte del comiteismo, la derecha (está) buscando la impunidad y ahí está la respuesta, existe un mandato, existen recomendaciones y el Gobierno respetuoso de los derechos humanos en el caso de este periodo de 2019 tiene que investigar, es un informe no realizado por el Gobierno, sino por un grupo de expertos de la CIDH”, afirmó.

Alcón sustentó sus argumentos en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis de 2019.

“Nosotros, como Estado, somos respetuosos de los derechos humanos y tenemos el cumplimento de las 36 recomendaciones y el punto 10 es exclusivamente sobre la inaplicabilidad de normas de amnistía” en este caso, sostuvo.

El movimiento cívico nacional y los actores de la oposición denunciaron que el Gobierno impulsa un plan de persecución política contra líderes detractores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en ese contexto dieron cuenta de 183 presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por el caso del supuesto golpe.

“Lo que se está haciendo en el país es una investigación ante la interrupción del orden democrático y las alteraciones al orden constitucional. Estamos pidiendo impunidad por lo que ha ocurrido por las 36 víctimas, por los más de 1.00 detenidos por los perseguidos y torturados, ¿se está pidiendo impunidad por aquello? Esa es la consulta y aquello no ha tenido una repuesta en el resto de los departamentos”, aseguró Alcón.

La viceministra de Comunicación insistió en que “se está respetando el debido proceso en las investigaciones que se están desarrollando”, una premisa que, aseguró, no se cumplió en el gobierno de transición.