Gobierno acusa a Añez y a su gabinete por haber vendido jet fuel “en un menor precio al establecido”

La tarde de este jueves se conoció sobre una nueva denuncia que fue interpuesta por el Gobierno central contra la expresidenta, Jeanine Añez y su gabinete ministerial, a quienes acusa de haber comercializado combustible especial para aviación con un precio irregular provocando un presunto daño económico al Estado.

Según la denuncia del Viceministerio de Transparencia, el 23 de junio del 2020 se promulgó el Decreto Supremo 4272 del Programa Nacional de Reactivación del Empleo en el que se autoriza que el combustible Jet Fuel A-1 que es subvencionado, podía ser comercializado tanto a operadores nacionales para cubrir rutas nacionales como internacionales.

“El combustible Jet Fuel solo puede ser comercializados a operadores nacionales para cubrir rutas nacionales”, señala la viceministra, en base a lo establecido en el Decreto Supremo 28932 del 2006.

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Por esta situación, el Viceministerio de Transparencia ha identificado los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

De acuerdo a la denuncia la “comercialización irregular” se produjo desde el 26 de junio del 2020, hasta el 10 de diciembre de ese mismo año, produciéndose un presunto daño económico de 53.9 millones de bolivianos, al haberse comercializado 13.7 millones de litros de jet fuel a operadores aéreos internacionales y operadores aéreos nacionales con rutas internacionales.

El Decreto Supremo 4772 en su artículo 71 autoriza a las estaciones de servicio de los aeropuertos, comercializar de manera temporal el Jet Fuel A-1 Nacional a las aeronaves con matrícula nacional e internacional que operan en el país para el servicio en rutas internacionales.

En el artículo 72, especifica que la autorización para la comercialización temporal del combustible aéreo tendrá una duración inicial de 12 meses.

La nueva denuncia contra la exmandataria se conoce dos días después de que se difundió que Carolina Ribera, hija de la expresidenta era investigada por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas.